Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), durante el 2017 llegaron a España, a través de nuestras costas o por Ceuta y Melilla, un total de 28.587 personas. De ellas, 249 fueron encontradas muertas o dadas por desaparecidas. En el 2018 ya se contabilizan 60 personas más muertas o desaparecidas. La Organización Internacional de las Migraciones eleva a 186.768 las entradas de personas por tierra o por mar a Europa en el 2017, y a 3.116 el número de personas muertas en el Mediterráneo en este mismo periodo. Por completar estas cifras y adquirir una visión de conjunto de esta tragedia cotidiana, la APDHA certifica que entre 1997 y hasta junio de 2017 han aparecido 5.946 cuerpos en la zona del Estrecho. A ellos habría que añadir 12.000 personas más cuyos cadáveres no fueron encontrados.

Cada vez que una persona migrante muera en nuestras fronteras tratando de buscar una vida digna, la Federación Aragonesa de Solidaridad y la Plataforma Ciudadana contra el Racismo hemos decidido convocar una concentración de cinco minutos de silencio ante la Delegación de Gobierno en Aragón. Así queremos visualizar este drama y luchar contra su normalización social.

Muchas de las personas que intentan llegar a Europa están desesperadas y buscan una vida segura y digna, tanto para ellas como para sus familias. Para muchas, arriesgar sus vidas en embarcaciones precarias o intentar saltar nuestras vallas es la única opción para escapar de la injusticia, la violencia, los desastres y la pobreza.

Hasta ahora, los estados de la Unión Europea han apostado por cerrar o externalizar sus fronteras. Pero esto no impide, ni impedirá, por muchas vallas o muros que se construyan, que la gente continúe buscando seguridad, dignidad y una vida mejor. Al contrario, la falta de rutas seguras y regulares para llegar a Europa empuja a muchas de estas personas a confiar en traficantes y a aumentar su sufrimiento.

Queremos denunciar en estas concentraciones todas las políticas y prácticas económicas europeas y españolas que generan y mantienen desigualdades y exclusión y que obligan a las personas migrantes y refugiadas a jugarse la vida en el viaje. España tiene una gran responsabilidad sobre estas víctimas. Unido a ello solicitamos el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España en materia de reubicación y reasentamiento de personas solicitantes de asilo, la apertura de vías de tránsito seguras y legales para que la gente no tenga que arriesgar su vida para alcanzar suelo seguro y el derecho a no tener que huir del propio país. Para ello, son necesarias políticas económicas, fiscales, comerciales y medioambientales justas, que contribuyan a reducir la pobreza y la desigualdad. Finalmente, exigimos el cumplimiento de la legalidad internacional y los derechos humanos de las personas en movimiento.

Porque migrar es un derecho, no más muertes en nuestras fronteras.