-¿Qué consecuencias tuvo la reforma sanitaria del año 2012 para la universalidad del derecho a la salud en España?

-El Real Decreto Ley 16/2012 (RDL 16/2012) ha tenido una aplicación realmente dura, rompiendo con la universalidad de la asistencia, con la retirada de 837.000 tarjetas sanitarias en España, afectando mayoritariamente a personas inmigrantes en situación irregular. Pero además ha tenido consecuencias incluso en la atención que se debiera prestar a embarazadas o menores de 18 años, como así recoge la ley, incumpliendo los términos de la misma. Como ejemplo de esto, Reder documenta 146 casos de mujeres embarazadas, 243 casos de menores de edad, 26 casos de personas solicitantes de asilo o 341 casos de denegación o facturación indebida de la atención en urgencias. Las personas que trabajamos cerca del problema hemos podido además observar que incluso antes de la entrada en vigor del mismo Real Decreto ya se estaban denegando asistencias en los centros sanitarios. El Sistema Nacional de Salud pasó de ser un espacio integrador, donde se consideraba la salud como un derecho humano, para convertirse en un espacio hostil y de exclusión.

-¿Y en Aragón?

-En Aragón se perdieron 30.000 tarjetas sanitarias, y revertir esta situación es complicada.

--El Gobierno arguyó la situación de colapso del Sistema Nacional de Salud (SNS) para adoptar esa medida. ¿Era cierto?

-Más que una situación de colapso, sostenía falta de sostenibilidad económica. Además de sostener que la situación era urgente, motivo por el cual reglamenta a través de un Real Decreto Ley. Para ello se apoyó en el Documento del Tribunal de Cuentas nº 937, donde ponía de manifiesto que el «SNS está asumiendo con cargo a sus presupuestos la asistencia sanitaria de personas que la tienen ya cubierta», refiriéndose al perjuicio económico que supone «la imposibilidad de garantizar los retornos de los gastos ocasionados por la prestación de servicios sanitarios y sociales a ciudadanos europeos y otros países con convenio bilateral».

Sin embargo, el RDL 16/2012 ponía en el punto de mira a los ciudadanos como parte del problema de la situación de crisis vivida, sancionando a la ciudadanía con copagos como método disuasorio o acusando a la población inmigrante de colapsar los sistemas de atención primaria o de inmigrar por turismo sanitario. Hechos que no se recogen así en el informe del Tribunal de Cuentas nº 937.

El Sistema Nacional de Salud era de los que mejor cobertura y prestaciones tenía en el mundo desarrollado, siendo además de los más baratos, para ello solo hay que remitirse a los informes OCDE sobre la salud en Europa y España. Por lo que se hace más difícil el argumentar el RDL 16/2012.

-¿Qué medidas legislativas se han tomado desde entonces en Aragón para corregir esta situación?

-Aragón, como otras comunidades autónomas, ha intentado revertir el daño causado por el RDL 16/2012. En el caso del Gobierno de Aragón, se ha reglamentado a través de la Instrucción de 7 de agosto del 2015 por la que se regula el acceso a la asistencia sanitaria en Aragón para las personas extranjeras sin recursos económicos suficientes ni cobertura de asistencia sanitaria del sistema nacional de salud. A pesar de los intentos del Gobierno de Aragón, hoy persisten personas extranjeras en nuestra comunidad sin asistencia sanitaria suficiente y normalizada. En el día a día con los colectivos más vulnerables, hemos podido comprobar que es muy fácil acabar con los derechos que se han conseguido como población. Y, al contrario, cuando se ha reglamentado en las diferentes regiones para mejorar el derecho de acceso a la salud, esta implantación ha sido mucho más compleja y dilatada en el tiempo.

-Hoy en día, ¿vuelve a ser universal el acceso a los servicios de salud en Aragón?

-En Aragón se está en buena situación ahora mismo, pues la mayoría de las personas pueden acceder al Sistema Sanitario Aragonés. Pero volver hacia atrás, después de una ley tan restrictiva, es complicado.

-¿Y en el resto de España? ¿Hay muchas diferencias por comunidades?

-No existe la sanidad universal en España, donde las diferencias territoriales se han hecho mucho más patentes con el Real Decreto Ley. Cada gobierno autonómico ha intentado paliar el daño que ha causado en la población con alguna normativa, a excepción de Castilla y León y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

-¿Qué medidas ha instado a tomar a los partidos políticos españoles y aragoneses la Plataforma para la Salud Universal?

-La principal medida a la que instamos al Gobierno de Aragón y a los partidos políticos aragoneses es pedir la derogación del Real Decreto Ley 16/2012. Es por lo que la Plataforma Salud Universal existe.

-¿Se sabe cuántas personas siguen excluidas a día de hoy del acceso a la atención sanitaria en España?

-Es difícil saber ahora mismo como está la situación tras cinco años, mucha gente se habrá ido de España, mucha otra habrá llegado... En su momento se supo, pudimos contabilizar la gente que tenía tarjeta sanitaria, y al día siguiente de la aplicación del Real Decreto, ver cuántas personas se habían quedado sin tarjeta (837.000 tarjetas).

-¿Y en Aragón?

-Se da la misma situación. Solo podemos hoy en día estimar la punta del iceberg cuando llegan a las asociaciones y oenegés con casos concretos. Es difícil valorar, pero cada caso, más allá de los números, conlleva gran sufrimiento de la persona que queda sin atender en un momento de debilidad por motivos de salud.

-Aunque los principales afectados son los extranjeros, ¿qué consecuencias puede tener el sostenimiento de esta situación para el conjunto de la población, en términos de salud pública y epidemiología?

-No solo se ha afectado a población extranjera, con este Real Decreto se acortó la cartera básica de servicios, reduciendo la aportación pública sobre medicamentos, prestaciones y recursos sanitarios, con el consiguiente incremento del gasto para las familias. En términos de salud pública ha afectado a toda la población. Cinco años después, ¿tenemos mejor sanidad? Habría que preguntarse qué ha pasado con el Sistema Nacional de Salud en cuanto a prestaciones, porque claramente a día de hoy es más injusto, insolidario e ineficaz.