A finales de septiembre, coincidiendo con su segundo aniversario, algo parece haberse movido en nuestro país: reuniones de alto nivel, informes sobre la implementación de esta agenda internacional y medidas para paliar, en parte, el retraso en la puesta en marcha de la Agenda 2030. A dos años de su adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿dónde estamos?
La respuesta es compleja porque la Agenda 2030 es universal, aplica a todos los estados, con independencia de su nivel de desarrollo, y en cada país tiene una vertiente interna y una vertiente externa. Hacia dentro, los países más ricos están obligados a asegurar que su desarrollo sea sostenible (igualdad de género, conservación de la biodiversidad, integración de dimensiones como cambio climático, inmigración y desarrollo social, entre otras) y hacia el exterior tienen la responsabilidad de contribuir al desarrollo de los países empobrecidos y a la incorporación de estos a la agenda de la sostenibilidad.
En nuestro país, con retraso, se han dado los primeros pasos para la institucionalización de la Agenda 2030. En las últimas semanas, diferentes actores sociales involucrados en la aplicación de los ODS han comparecido en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Senado que está elaborando la estrategia española para los ODS, se ha nombrado un embajador en misión especial para la Agenda 2030, el Gobierno se ha comprometido a presentarse en 2018 a la evaluación voluntaria de los ODS y ha anunciado la creación de una comisión interministerial de alto nivel para la coordinación de la estrategia nacional de los ODS.
Resolver las cuestiones relativas a la organización y gestión de la Agenda 2030 es fundamental, lo mismo que contar con una estrategia nacional de cumplimiento de los ODS en la que se incluya la participación de comunidades autónomas y municipios. A juzgar por las comparecencias mantenidas en los últimos días por los diferentes agentes sociales en la comisión del Senado, la voluntad política de todos los grupos parlamentarios parece existir. Queda ahora transformar esa voluntad en una estrategia y en una estructura operativa que, más allá de las declaraciones, permita adoptar medidas concretas, legislativas y financieras, que impulsen los ODS tanto hacia dentro de nuestro país, como en el ámbito de la cooperación internacional. Aspecto este que debería llevar a todos los actores de la misma a redefinir el alcance de su misión en un contexto radicalmente distinto al que ha sido usual en las últimas décadas.
España, en el puesto 25
Queda mucho trabajo por delante. El examen voluntario sobre el cumplimiento de los ODS al que se someterá nuestro país el próximo año es un acicate para recuperar el retraso acumulado en estos dos años por un cúmulo de circunstancias anómalas.
De acuerdo al Índice de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ocupamos el puesto 25 de 157 países; hemos perdido el único «aprobado» que teníamos el año pasado en el ODS 5, dedicado a la igualdad de género. Y en nuestras calificaciones encontramos seis rojos, seis naranjas y cinco amarillos. Estos resultados son manifiestamente mejorables y un tanto preocupantes ante la evaluación que habrá que pasar en el próximo año.
