-Cuántas personas viven en el mundo en entornos urbanos frágiles?

-Según ONU Hábitat, la agencia de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, alrededor de 900 millones de personas, esto es, uno de cada ocho habitantes del planeta, vive en entornos urbanos informales, lo que en inglés se conoce como slums o en Brasil como favelas. En América Latina, la región con las ciudades más frágiles del mundo, suponen más de 110 millones de personas de los 558 que viven en la región. Este problema se concentra igualmente en África y Asia. Y no solo se da en megaurbes como Río de Janeiro o Johannesburgo, sino también en ciudades de tamaño medio como suelen ser las españolas, donde por cierto también tenemos ejemplos como la Cañada Real de Madrid, o poco más lejos, los asentamientos de refugiados que se crearon alrededor de localidades francesas como Calais.

-¿Cómo surgen estos asentamientos?

-Suele haber dos razones principales. La primera es la emigración rural-urbana. Desde el año 2007, más del 50% de la población mundial vive en ciudades. Y la segunda razón son los desplazamientos causados por desastres naturales o por conflictos armados. Las zonas de recepción de la mitad de los refugiados y desplazados internos del mundo son urbes, que en su mayoría no están preparadas para recibir tal flujo de personas vulnerables y acaban creándose ciudades paralelas. A todos nos vienen a la cabeza los refugiados sirios llegando a Europa, o la ciudad de Río en plenos Juegos Olímpicos, rodeada de favelas. Es la imagen de esa doble realidad.

-¿Es una tendencia en alza?

-El proceso de urbanización informal va a ir en aumento. El problema no es ya la existencia de este tipo de asentamientos, porque ya son una realidad. La cuestión es cómo hacerlos habitables. Porque además, la ciudad formal va seguir creciendo, pero cada vez más personas vulnerables que no tendrán cabida en ella van a acabar viviendo en esos asentamientos informales.

-Siempre han existido zonas urbanas marginales. ¿Qué hace ahora distinto a este fenómeno?

-Lo que en estos momentos lo hace distinto es sobre todo su expansión, especialmente en América Latina. Siempre ha habido barrios marginales en las ciudades, pero este fenómeno de los asentamientos informales como hoy los conocemos nació en los años 60 del siglo XX y vivió una explosión en los años 90. En el caso de Colombia fue a raíz del conflicto armado. Pero se da en casi todas las ciudades de Latinoamérica.

-¿Qué caracteriza a una ciudad frágil?

-Se les llama ciudades refugio porque las personas se refugian en ellas en busca de más oportunidades, sobre todo laborales. No tienen cabida en la ciudad formal y acaban creando ciudades paralelas. Generalmente, son los propios habitantes quienes van conquistando algunas zonas periféricas de las ciudades y van construyendo sus propias viviendas. Al principio suelen hacerlas de materiales reciclados, y conforme va asentándose las levantan de ladrillo, pero sin ninguna seguridad estructural, y ante inundaciones o terremotos muchas se vienen abajo. Esos barrios carecen infraestructuras básicas. Conozco algunos de Bogotá sin agua potable y donde tienen que piratear la electricidad. Y al ser un asentamiento informal, no pueden acreditar la propiedad del terreno ni de la vivienda. Muchos gobiernos los consideran asentamientos ilegales, y las órdenes de desalojo están a la orden del día.

-¿Las ciudades frágiles engendran violencia o es la violencia la que propicia esa fragilidad?

-Es un círculo vicioso. La fragilidad urbana genera violencia, y a su vez esa violencia hace más frágil a esa zona urbana. Se les llama zonas frágiles porque el Estado no tiene la voluntad o la capacidad de dotar de seguridad y servicios a sus habitantes, es decir, no tiene presencia en estos asentamientos. Aunque es habitual, no todos los asentamientos ilegales sufren de violencia. Si se encuentran en una zona geoestratégica, por ejemplo, porque permiten la salida hacia otra ciudad cercana, o se prevé que se revaloricen por algún megaproyecto; o si su orografía facilita el tráfico de mercancías ilegales o su tamaño la convierte en un nicho de mercado para las drogas, son tomadas por actores armados ilegales, como las guerrillas y los paramilitares en Colombia, o bandas criminales como las maras de Centroamérica.

-Respuestas como la militarización de Río de Janeiro, ¿son las más adecuadas?

-Cada caso es particular, pero en los casos que yo he conocido en persona, la gente se opone a las soluciones militares porque generan más violencia, sobre todo al comienzo. Pero sí que piden más presencia policial. En ciudades de América Latina hay unos índices de muertes violentas superiores a los de países como Irak cuando estaba en guerra. Es muy difícil salir de ese círculo vicioso sin la presencia del Estado. Pero esa ausencia también se traduce en la falta de infraestructuras y servicios. No se trata solo de seguridad, también tiene que haber una integración de esa zona en la ciudad y garantías de desarrollo. Es una cuestión de derechos humanos. Además, en Honduras y El Salvador se probó la solución militar y la paz duró dos años. No lo han vuelto a intentar.

-¿Qué consecuencias sociales y humanitarias tiene vivir en este entorno?

-Los problemas humanitarios no tienen soluciones humanitarias. Es un problema del Estado, que es el responsable del bienestar de sus ciudadanos. La primera y más importante labor de la acción humanitaria tiene que ser la incidencia, es decir, tender un puente entre la comunidad y las autoridades, ya sea la Alcaldía, el Departamento o el Estado. Aunque dotar de infraestructuras a un asentamiento ilegal sea más largo y complejo, el Estado puede intervenir de forma inmediata en lo social. Obviamente, una oenegé de ayuda humanitaria puede cubrir la atención en salud o educación en caso de urgente necesidad, pero la atención asistencialista genera dependencias. Su labor ha de ir orientada a apoyar a la gente en la construcción de sus capacidades, con formación académica o para el empleo o impulsando el emprendimiento y las microempresas. Es muy interesante ver cómo van surgiendo los pequeños negocios en estos barrios. También hay que crear espacios comunitarios seguros, informar y acompañar en determinados trámites y procesos. Pero el objetivo final es que el Estado acabe haciéndose responsable de sus ciudadanos y que la labor de las oenegés sea transitoria.