En Líbano, el segundo país con mayor número de refugiados sirios, la población ha aumentado un 25% desde el 2011, lo que supone una grave presión sobre servicios básicos como el suministro de agua y la gestión de aguas residuales, que ya eran débiles tras décadas de inversión insuficiente y guerra civil. No siendo un país signatario de la Convención sobre Refugiados, el 38% de las personas que tuvieron que asilarse en Líbano todavía vive en asentamientos informales, dependientes de asistencia integral. La política general del Gobierno del Líbano exige que los servicios de agua y saneamiento para esos asentamientos sean temporales.

Hasta la fecha, el número de sitios informales asciende a 5.113, la mayoría en el valle de Bekaa, donde se encuentra el 65% de los asentamientos en Líbano. De ellos, aproximadamente 240 (donde viven 7.500 personas), no han recibido a lo largo de este mes ningún tipo de apoyo de agua, saneamiento e higiene, aumentando aún más su vulnerabilidad. Una falta de provisión de servicios que tiene el potencial de producir una emergencia para estas poblaciones, que se verían obligadas a desplazarse de nuevo, erosionándose significativamente la estabilidad social.

Las evaluaciones llevadas a cabo por los equipos de Acción contra el Hambre sobre el terreno indican que las poblaciones beneficiarias continuarán sufriendo una degradación de su situación, con riesgos crecientes de brotes de enfermedades en los asentamientos, especialmente para la población más vulnerable, como ancianos y niños.

«La mayor parte de actores humanitarios nos hemos visto obligados a reducir su distribución de 35 a 15 litros por persona y día para las zonas que únicamente tienen acceso a agua que no sea mediante camiones cisterna. En sitios con acceso, la cantidad se ha reducido a 10 litros, muy por debajo de los estándares mínimos», señala Edgar Barata, coordinador de agua, saneamiento e higiene de Acción contra el Hambre en Líbano. Con estas reducciones, la población prioriza su uso del agua y no tiene suficiente para lavarse después de usar el inodoro, garantizar su higiene personal, lavar la ropa, etc.

La población refugiada en los asentamientos informales ha adoptado diferentes mecanismos de adaptación a lo largo de los años, pero la abrupta escasez de servicios básicos agravará su situación. «En el corto plazo, la consecuencia más inmediata se traduce en términos de mayores costos y riesgos para la salud ambiental. Es probable que estas consecuencias directas produzcan impacto en la salud, condiciones psicosociales, medios de vida, protección y estabilidad social de la población afectada, tanto refugiada como de acogida» apunta Barata. «El acceso a los servicios básicos, la higiene ambiental y el saneamiento son factores de estrés para la tensión social. Las presiones sobre los recursos hídricos y el impacto ambiental de los asentamientos sirios han aumentado de forma considerable las tensiones en algunas zonas, lo que aumenta el riesgo de desalojo forzoso».