Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a retrasar una cita médica por la no disponibilidad de una tercera persona? Parece increíble, pero dicha situación se repite a diario dentro del colectivo de personas sordas de Aragón. Esta tercera persona es el intérprete de lengua de signos, un profesional que garantiza una comunicación plena entre las personas sordas y oyentes.

La discapacidad auditiva es una discapacidad invisible. A menudo, las barreras a las que se enfrentan las personas sordas pasan desapercibidas para el resto de la sociedad. A pesar de los avances realizados en la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad, el mundo está pensado para la mayoría oyente, lo que hace necesaria una mayor concienciación y sensibilización acerca de la comunidad sorda.

En octubre del 2007 se aprobó la Ley 27/2007, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. El hecho de que la lengua de signos sea una lengua oficial en nuestro Estado debería suponer que todas las instituciones que ofrecen atención al público, sean públicas o privadas, fueran totalmente accesibles para dichos colectivos.

Cuando hablamos de las instituciones que ofrecen atención al público nos estamos refiriendo a la realización de gestiones básicas en la vida diaria, como ir al médico, acudir al registro civil, presentar una denuncia, renovar el DNI, etc. Y por supuesto, también nos referimos a la educación. Tener una educación accesible, acorde con las necesidades particulares de cada persona, es un derecho fundamental (actualmente el alumnado sordo dispone de intérprete de lengua de signos dentro del aula para cubrir la mayoría del horario lectivo, pero no su totalidad).

Después de más de ocho años desde la publicación de esta ley, las personas sordas no cuentan con este servicio en nuestra comunidad autónoma. No solo carecen de intérpretes de lengua de signos que presten sus servicios de forma continuada en las instituciones que ofrecen atención al público sino que, además, debido a los recortes sufridos en los últimos años, el número de profesionales que ejercen su labor en Aragón ha disminuido, viéndose afectada la comunidad sorda.

Como consecuencia de lo anterior, el número de intérpretes de lengua de signos en activo actualmente no llega a cubrir la totalidad de las demandas del colectivo de personas sordas.

Desde este espacio queremos reivindicar el derecho de las personas sordas a una comunicación e información sin barreras, en igualdad de oportunidades con las personas oyentes; así como poner de manifiesto la necesidad de incorporar intérpretes de lengua de signos que presten sus servicios en los ámbitos de la Administración, la justicia, la salud o la educación, de forma continuada.