Los alcaldes de unos setenta municipios españoles de diferentes signo político han reclamado hoy en València el derecho de los ayuntamientos al endeudamiento como instrumento de financiación para inversiones, a eliminar la regla de gasto impuesta por el Gobierno y a poder decidir en qué gastan el superávit.

Son tres de los diez puntos de la Declaración de València, firmada durante la Jornada Municipalista, convocada para debatir sobre una financiación local justa y en la que también reclaman modificar el de Régimen Fiscal para cobrar el IBI a las confesiones religiosas por inmuebles no dedicados al culto o a la atención social.

Esta declaración final, que han firmado unos setenta alcaldes y concejales de municipios españoles que durante dos días han participado en la reunión organizada por el Ayuntamiento de València, reclama también "como punto de partida" la reforma del sistema de financiación local, que "no puede verse postergada".

Municipios como Madrid, Barcelona, València, Zaragoza, A Coruña y Valladolid, además de numerosos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, se encuentran entre los firmantes de este documento, al que ahora tendrán que dar difusión, según han puesto de manifiesto durante la jornada.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado tras la firma del documento que hay "un clamor unánime por encima de los partidos: es hora de plantearse la reforma de la financiación municipal, para dar solución a problemas urgentes y derogar unos corsés que van mucho más allá de la Unión Europea y los planes de estabilidad".

Los ayuntamientos han reclamado el derecho a acceder al endeudamiento como instrumento complementario para la financiación de sus necesidades de inversión, "manteniendo la deuda local en un nivel no superior al 3 % del PIB establecido por la legislación vigente como objetivo para alcanzar en el año 2020".

Además, propugnan que la regla de gasto se aplique "únicamente en caso de vulneración de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, formando parte del conjunto de medidas preventivas y correctivas que la ley contempla para lograr su cumplimiento".

En el caso de que las entidades locales obtengan superávit o capacidad de financiación con remanente de tesorería, proponen que deben "disponer libremente de dicho remanente, siempre que no supere los límites de morosidad y deuda financiera", sin que compute a efectos de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.

El documento señala que la financiación local deberá combinar la un espacio fiscal propio (con impuestos propios, tasas, precios públicos y contribuciones especiales que permita a los gobiernos locales "ejercer su autonomía y corresponsabilidad fiscal), con un conjunto de transferencias incondicionales" del Estado y las comunidades autónomas.

También reclama flexibilizar el número de exenciones, bonificaciones y demás beneficios aplicables al IBI que erosionen su recaudación" y que se revisen tributos locales como el Impuesto de Actividades Económicas para "mejorar su equidad distributiva y la eficiencia de sus objetivos".

Respecto a las transferencias, plantean "combinar" el recurso a las transferencias estatales (la participación en tributos del estado-PIE) con las menos desarrolladas transferencias autonómicas (PICAs), así como que las reglas para estas transferencias se definan técnicamente "con base a indicadores de necesidad de gasto y capacidad fiscal".

Los firmantes trasladarán estas propuestas de reforma a la Federación Española de Municipios y Provincias y al Gobierno de España y han mostrado su apoyo a la Comisión de Expertos creada para el estudio de la reforma de la financiación local.

Ribó ha defendido que "la firma de este acuerdo es un indicador claro de que, por encima de los planteamientos políticos, hay una voluntad unánime de todos los municipios de España de avanzar en esta senda", ha concluido.