“El PP es quien se vio beneficiado de fondos procedentes delcohecho y la malversación” cometidos por los acusados del caso Gürtel y “no sus grupos municipales” de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, por lo que “su acusación es plenamente valida y no procede" que el partido quede "apartado del juicio”, argumentaron hoy las fiscalas Anticorrupción Concepción Sabadell yConcepción Nicolás ante el tribunal que juzga la mayor trama de corrupción que afecta al partido que preside Mariano Rajoy. La fiscalía reclama al Partido Popular más de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo.

Las fiscalas, que negaron la inconcreción e imprecisión de su escrito de acusación, alegada por la defensa del PP, se opusieron “por el momento, sin perjuicio de lo que depare el procedimiento,” a citar a declarar al presidente del Gobierno por haber sido vicesecretario y secretario general del partido, como habían solicitado las acusaciones que ejercen la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y los socialistas madrileños. La abogacía del Estado que ejerce la acusación en nombre de la Agencia Tributaria, por los delitos fiscales cometidos, también se opuso a que testifique Rajoy.

Sabadell y Nicolás fueron muy duras con las peticiones de nulidad alegadas por las defensas del caso Gürtel, a las que acusó de “intoxicar este tramite”, en “un ejercicio del derecho de defensa oportunista, desenfocado y muy grave”, porque todas ellas fueron ya planteadas durante la instrucción y rechazadas.

La fiscala Sabadell fue así recordando las distintas resoluciones delTribunal Superior de Justicia de Madrid y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en las que se denegó las distintas nulidades solicitadas por la defensa, como las grabaciones realizadas por el denunciante, también acusado, José Luis Peñas.

En este sentido, Anticorrupción alegó que estas escuchas “ni son el origen de la causa, ni son nulas ni están manipuladas”, porque la investigación empezó con la denuncia del exconcejal de Majadahonda, pero sus grabaciones no fueron el origen, sino su soporte. Y tras recordar ya la Sala de lo Penal ya dijo que no eran nulas el 28 de julio de 2013, insistió en que no están manipuladas, porque hay algunas que negativas para el propio acusado, por lo que “si las hubiese editado nunca habríamos tenido acceso a ellas”, aseveró.

Tampoco cabe anular la documentación intervenida en el despacho deLuis de Miguel, porque en el auto de registro acordado en su día se acordaba “averiguar el alcance del bufete para crear estructuras off shore para estos y otros clientes”, lo que ampara que también se recogieran pruebas que han tenido validez en este caso. Para Anticorrupción la alegación demuestra “la falta de rigor de la defensa de Pablo Crespo”, ya que los hechos por los que fue condenado De Miguel son totalmente independientes de los que se juzgan en la Gürtel

En cuanto al pendrive, en el que estaba reflejada la contabilidad de la trama corrupta, la fiscalía ha calificado de “infundadas” las manifestaciones de la defensa que “solo pueden derivar de un sorprendente y incompresible error del letrado, que una simple lectura de la causa habría evitado".

Respecto a las escuchas acordadas por el primer instructor del caso,Baltasar Garzón, por las que fue apartado de la judicatura, las fiscales han recordado que ya fueron depuradas de la causa, al igual que todas las pruebas que derivaron de ellas. Anular ahora algo más sería, en palabras del Tribunal Supremo, “una aplicación abusiva y desmedida de la teoría del árbol envenenado”, señaló Sabadell.

Y las pruebas suizas, según las fiscalas, aún a falta de la autorización definitiva, sí se podrían utilizar, porque en el caso Gürtel no sólo se juzgan delitos fiscales, que es a los que las autoridades suizas ponen trabas, sino también cohechos y toda la gama de delitos de corrupción que constan en el Código Penal. Ni al extesorero del PP Luis Bárcenas, ni al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y el exconsejero de Madrid Alberto López Viejo no están ni mucho menos sólo acusados de delitos contra la Hacienda Pública.

La Abogacía del Estado también defendió la validez de estas pruebas y en un tono irónico se "negó a tolerar" la acusación formulada por las defensas de que se había engañado a las autoridades suizas para traer esa documentación al procedimiento. "Que más quisiera yo que poder engañar a las autoridades suizas para que manden información", aseguró su representante, Edmundo Bal.