La presidenta de las Cortes, Violeta Barba, de Podemos, será la coordinadora de la comisión especial de estudio de la que se pretende que salga un dictamen que analice la aplicación del impuesto de sucesiones en la comunidad, órgano que ha sido constituido este jueves.

La creación de la comisión fue aprobada el pasado 22 de febrero, en sesión plenaria, a propuesta del PAR, y recibió el apoyo de PP, Podemos y Ciudadanos y el voto en contra de PSOE, CHA e IU.

Tras la constitución de este órgano, Barba, quien ha sido la única persona propuesta como coordinadora, en este caso por CHA, y elegida por asentimiento, ha explicado a los medios de comunicación que la comisión se volverá a reunir el próximo día 11 para acordar la lista de comparecientes.

No hay un plazo aún para la elaboración del dictamen, porque el tiempo dependerá el número de personas a las que se va a llamar para que comparezcan en sesión pública, ha agregado Barba, quien no obstante ha asegurado que se va a intentar trabajar "con la máxima celeridad posible", sin dejar de lado "el rigor".

Aunque generalmente este tipo de órganos parlamentarios especiales los preside un diputado del grupo que propuso su creación, en esta ocasión esto no ha sido así.

Barba ha enfatizado en que esto no tiene por qué ser siempre así y ha recordado otras comisiones abiertas, como la que trabaja para lograr un pacto educativo, que no está presidida por el grupo que la propuso.

"No habiendo otra propuesta ni planteamiento contrario, es habitual y no plantea ningún de problema", ha agregado.

El diputado de CHA Gregorio Briz, quien ha hecho la propuesta, la ha justificado. Ha dicho que tiene "su lógica" porque aunque CHA votó en contra de la creación de la comisión, Podemos lo hizo a favor, y desde Chunta Aragonesista prefieren que sea un grupo de izquierdas quien la presida que uno de derechas.

Briz ha asegurado que tiene un "grado de escepticismo enorme", "total y absoluto", ante el resultado del trabajo de la comisión, que ha calificado de "caja de propaganda".

A su juicio, no va a aportar nada "excepto convulsión, conflicto y debate enconado" en un tema con posiciones "muy difíciles de reconciliar".

También advierte del "tufillo a naftalina" de una propuesta que, ha dicho, solo va a buscar "disenso y a seguir con criterios electoralistas y estratégicos".

Y eso es algo que se demuestra, a su juicio, con las propuestas que ha hecho el PP, primero para que las sesiones sean públicas, algo que no se ha aceptado porque nunca ha sucedido así en ninguna comisión de estudio, y después para que los medios de comunicación puedan asistir también a las preguntas de los diputados a los comparecientes, que tradicionalmente se celebran a puerta cerrada, y que en este caso es algo que sí que se ha aceptado.

Briz ha recordado que el Gobierno de Aragón tiene la voluntad de presentar en dos meses en las Cortes un proyecto de ley con las reformas "pertinentes" de un impuesto que ha recordado que es de competencia estatal y que, por tanto, es el Estado el único con capacidad para anularlo.

A pesar de que apoyó su creación, el popular Antonio Suárez ha confesado a los medios que no espera "mucho" de la comisión, que no obstante quiere que sea positiva, y ha reiterado que si el Gobierno de Aragón hubiera hecho los deberes, el 1 de enero de 2018 podría haber entrado en vigor una reforma para la bonificación del impuesto.

El PP mantiene su propuesta de bonificar el 99 por ciento del impuesto a los cónyuges, ascendientes y descendientes de cualquier persona que deje una herencia, sea esta de la cuantía que sea.

Y por eso al PP le sobran "informes, estudios e incluso la comisión", a pesar de que la apoyaron porque pensaba que "no estaba de mas".

Suárez ha insistido en que la reforma del impuesto podría entrar en vigor el 1 de octubre de este mismo año, porque según sus cálculos, en septiembre ya se habrán ingresado en las arcas públicas por este concepto todo lo previsto en los presupuestos de 2018, 149 millones de euros en total, y quedaría vía libre para una rebaja.

Por el PAR, Elena Allué ha defendido que su intención es escuchar a los "máximos expertos" en materia tributaria especializados en sucesiones y también en derecho foral para hablar de la fiducia, todo con la pretensión de conseguir una rebaja de impuestos "porque Aragón es campeona en materia fiscal".

"Se está produciendo agravio comparativo, entre lo que se paga aquí por morir y lo que se paga en otras comunidades", ha agregado.

Tampoco la socialista Isabel García espera mucho de la comisión, aunque "incluso un poco más que el PP", ha ironizado.

La reforma vendrá, ha vaticinado, de la mano del Gobierno de Aragón, que se ha comprometido a presentar un proyecto de modificación, y no de esta comisión, que más parece "un circo", ha lamentado.

Por su parte, Javier Martínez, de Ciudadanos, ha mostrado su interés en conocer las opiniones de los expertos, mientras que Patricia Luquin, de IU, ha recordado que con esta comisión "al final la derecha se ha salido con la suya".

Ha explicado que servirá para "confrontar dos tipos de modelo", el primero el de quienes siguen apostando por rebajar la presión fiscal y el segundo el de quienes están en contra de esa rebaja en un impuesto que es de competencia estatal y que, por tanto, Mariano Rajoy podría haber derogado.

"IU no va a renunciar a que ese dinero de la rebaja fiscal acabe repercutiendo en políticas tan importantes como educación y sanidad", ha zanjado Luquin