El exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, imputado en varias causas de corrupción, se negó ayer a contestar a ninguna pregunta en el Congreso sobre la presunta financiación irregular del PP, como hizo la semana pasada el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado el yonqui del dinero. Lo hizo por «recomendación expresa de sus abogados», dado que actualmente está imputado en varios procedimientos judiciales sobre «similares hechos que se tratan en esta comisión», entre ellos el caso Púnica, cuyo principal investigado es el exconsejero madrileño Francisco Granados.
En más de una decena de ocasiones dijo Gutiérrez, condenado por las tarjetas black, que no iba a contestar a las preguntas de los parlamentarios, una «tendencia», a ojos del diputado del Grupo Mixto Oskar Matute, que comenzó la semana pasada Benavent y a la que se ha sumado el que fuera gerente del partido madrileño durante 14 años.
La decisión de Gutiérrez, que no acudió a la comisión la primera vez que fue citado al no recoger el requerimiento que se le envió, provocó cierta molestia entre los diputados, sobre todo después de que el exvicepresidente de Repsol YPF y considerado blanqueador de la Gürtel en Valencia, Ramón Blanco Balín, que le precedió, tampoco contestó a la mayoría de las preguntas relacionadas con la supuesta financiación irregular del PP.
Tan solo dijo que una de las empresas del supuesto líder de la trama, Francisco Correa, Orange Market, no hubiera sido rentable de no haber contratado con el PP. No obstante, los portavoces lograron arrancarle alguna información. Por ejemplo, negó conocer al extesorero Luis Bárcenas, pero admitió que coincidió «seis o siete» años con el expresidente del Gobierno José María Aznar dando clases a opositores en el Centro de Estudios Financieros. Pero no contestó a ninguna pregunta sobre su yerno Alejandro Agag.
La mayoría de los parlamentarios, menos el del PP, que no le preguntó nada, no dudaron en echar mano de varios informes de la Guardia Civil que sitúan a Gutiérrez como el receptor de pagos de empresarios presuntamente destinados a sufragar varias campañas electorales del Partido Popular.
