El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José Bono, persiste en sus críticas al programa de Gobierno de Pasqual Maragall y, en consecuencia, sigue discrepando de la línea de apoyo al tripartito catalán decidida por la cúpula de su partido, el PSOE. "Escuchar cómo el señor Maragall le hacía las cuentas fiscales a la Comunidad de Madrid, mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid se las ajustaba a Cataluña después de la audiencia con el Rey, sólo me produjo tristeza", declaró ayer el presidente castellano-manchego en Ciudad Real.

Bono se refería a la polémica que el pasado viernes protagonizaron el presidente catalán y su homóloga madrileña, Esperanza Aguirre, acerca de cuál de las comunidades que presiden aporta más al Estado.

En opinión de Bono, no hay que pensar en lo que aporta uno u otro, sino "en sumar y no en dividir ni en señalar a quién le debe más España, porque así no se construye un país, sólo se hacen titulares de prensa".

En respuesta implícita a Maragall, que la víspera, tras reunirse con el Rey, había abogado por regular las transferencias entre las autonomías "en términos más objetivos que en el pasado, como se hace en Alemania", Bono dijo que le entristece que se siga al empresario o al trabajador para ver "dónde come, duerme, desayuna o paga sus impuestos, sólo para hacer un balance fiscal y, finalmente, exigirle a España que devuelva todo aquello que se paga. El día en el que eso se devuelva, se acabará el Estado".

El presidente manchego expresó también su oposición "radical" a que se hagan balances fiscales en las comunidades autónomas para obtener más beneficios porque, según recordó, no son las autonomías las que pagan los impuestos, sino los ciudadanos de acuerdo con su patrimonio, siendo "irrelevante" el lugar en el que los pagan.

ALTOS CARGOS Por otro lado, Maragall se propone reducir el número de altos cargos del Gobierno catalán en una proporción que rondará el 25%, según indicaron a este diario fuentes próximas al presidente de la Generalitat. Ese propósito supondría eliminar uno de cada cuatro altos cargos del Ejecutivo.

Con este proyecto, el presidente catalán quiere dejar claro que el incremento de consejerías del Gobierno tripartito que encabeza (16, frente a las 13 del último Ejecutivo de CiU) no frenará el objetivo de la alianza del PSC, ERC e ICV de adelgazar la estructura --y la nómina-- gubernamental, según apuntaron las mismas fuentes.