Tras años de atonía, la inmigración ha vuelto al primer plano. La recuperación económica hace de nuevo atractiva a España como punto de destino y la llegada de un Gobierno dispuesto a corregir las políticas restrictivas de su antecesor la han situado otra vez en el centro la agenda política. El salvavidas lanzado al Aquarius, el anuncio del retorno a la sanidad universal o la retirada de las concertinas en las vallas han sido tres gestos que han despertado las expectativas de las oenegés y los expertos que ven el cambio del Ejecutivo como una oportunidad para enderezar un rumbo incompatible, a su entender, con el respeto a los derechos humanos, y alejado de los objetivos de integración que deberían guiarlo.

Pero la problemática de la inmigración es mucho más amplia y compleja que el mensaje que puedan mandar tres medidas puntuales, por más espectaculares que estas sean.

LA INTEGRACIÓN

De vuelta al Gobierno, el PSOE se encontrará sin las estructuras administrativas y los presupuestos destinados a potenciar la políticas de integración que había legado al PP. Mariano Rajoy y sus recortes arrasaron con todo. El denominado Fondo de Integración, Acogida y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes, creado por Zapatero en el 2004 y que en el 2009 llegó a alcanzar los 200 millones de euros, fue suprimido por su sucesor en el 2012. Era un instrumento muy útil para que las comunidades autónomas, ayuntamientos y oenegés desplegaran medidas de refuerzo educativo, aprendizaje del idioma o atención a los recién llegados.

También desapareció la secretaría de Estado de Inmigración, que quedó en una dirección general sin apenas competencias efectivas. Ahora Pedro Sánchez la ha recupera poniendo al frente a Consuelo Rumí, la persona que desempeñó este cargo entre 2004 y 2010. Toda una declaración de intenciones. Más difícil resultará mejorar la financiación con un presupuesto heredado.

ASILO Y REFUGIO

La acogida que se dispensa a los que solicitan asilo fue diseñada para un número de personas muy inferior al actual y al que está por llegar. Es un mecanismo muy rígido y centralizado que dirije el Ministerio de Trabajo y descansa en onegés como Cruz Roja o Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que reciben subvenciones a cambio del servicio. Por eso las grandes oleadas de solidaridad despertadas con la llegadas de refugiados sirios a Europa o ahora con el Aquarius, protagonizadas por las comunidades autónomas, municipios e incluso individuales, se quedan casi siempre en nada.

Para Gemma Pinyol, experta en políticas migratorias y diversidad, hay que fijarse en modelos mucho más flexibles y permeables que funcionan en Europa como el alemán, en el que el Gobierno federal colabora con los lander, estos con los municipios y a nivel local se organiza la colaboración de las oenegés.

Al mismo tiempo, se sigue restringuiendo al máximo el derecho a pedir el asilo a los inmigrantes que llegan en pateras. CEAR denuncia en cada uno de sus informes las innumerables trabas que evitan que los posibles afectadados den el paso. Con ello se logra que sólo el 5% de estos hagan la correspondiente solicitud, mientras que en otros países pueden superar incluso la mitad. La escandalosa inhibición europea y también española ante la crisis humanitaria causada por la guerra de Siria no es otra muestra más de una política de asilo tradicionalmente raquitítica.

LOS ‘SIN PAPELES’

El gobierno Zapatero estableció un sistema de regularización permanente que permite a los irregulares obtener el ansiado permiso de residencia a los tres años de estancia si cumplen determinados requisitos. La caída del número de llegadas hace presumir a los expertos que este sistema ha conseguido que la bolsa de irregulares no sea excesivamente alta, pero un brusco incremento de las llegadas puede engrosar de nuevo esta bolsa. Aunque el PP criticó el sistema, una vez en el Gobierno, no lo modificó. En único punto que cambió de la ley de Extranjería fue para suprimir la sanidad universal que ahora será devuelta a los irregulares.

NACIONALIZACIONES

El sistema de concesiones de nacionalidad lleva dos años sin otorgar ninguna por un bloqueo de un sistema dotado con medios raquíticos. Los exámenes a los que se somete a los aspirantes rozan el absurdo. Todo con una finalidad muy precisa: limitar al máximo el acceso de los inmigantes al pasaporte español, algo que es clave para su integración definitiva.

LAS VALLAS

El nuevo Gobierno ha anunciado que tomará dos decisiones importantes respecto a las conflictivas vallas de Ceuta y Melilla: la retirada de las cortantes concertinas y la supresión del artículo de la ley mordaza que legalizó las denominadas devoluciones en caliente. Habrá que ver cuál es el sistema alternativo que se instala para evitar los saltos masivos. Los sindicatos policiales ya han indicado que necesitarán refuerzos. También habrá que comprobar si se abandonan de verdad las devoluciones inmediatas. Al fin y al cabo, esta práctica se llevaba cabo también en la etapa Zapatero aunque la ley no lo amparara.

EFECTO LLAMADA

La expresión efecto llamada no se oía desde que el PSOE dejó el Gobierno. Es el mantra con el que responde siempre el PP cuando está en las oposición ante cualquier política de manos abiertas con la inmigración que adopten sus adversarios, sea cual sea esta. En las legislaturas de Zapatero, fueros las regularizaciones o las reformas de la normativa de extranjería, ahora es el salvamento del Aquarius. Los expertos coinciden en que las políticas de los gobiernos tienen escasa influencia a la hora de atraer o no a los inmigrantes. Lo decisivo es la situación del país de destino. Si creen que allí van a encontrar trabajo y una mejora de sus condiciones de vida. La crisis lo ha demostrado. La población inmigrante alcanzó un máximo de 5,7 millones a inicios del 2010, pero seis años después había caído a los 4,4. Más de un millón de inmigrantes volvieron a sus países de origen. Durante el 2017 ya empezaron a llegar de nuevo, aunque con cifras modestas. El número de extranjeros aumentó en algo más de 200.000 personas

EUROPA

Uno de los principales caballos de batalla del Gobierno será lograr que el Europa afronte de verdad el creciente fenómeno, algo que hasta ahora se ha conseguido con cuentagotas. El cambio de rumbo español coincide con el giro en sentido contrario de Italia, que se suma al grupo de países cada vez más numeroso (Hungría, Austria y Polonia) que apuesta por levantar murallas dejando el respeto a los derechos humanos en el furgón de cola de sus prioridades.

El nuevo ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha dicho que solo el aumento de la cooperación al desarrollo, situada bajo mínimos durante la etapa Partido Popular, aportará soluciones de verdad. «No solo aportando dinero, sino reforzando las instituciones», precisó.

El Consejo Europeo de finales de este mismo mes se reunirá bajo el impacto reactivo del caso Aquarius, pero no será fácil que triunfen las tesis del nuevo Gobierno. Es casi imposible llegar a un acuerdo para reformar el obsoleto sistema de asilo establecido por el convenio de Dublín. Y luego llega la presidencia de Austria, con un ejecutivo apoyado por un partido xenófobo.