El juicio por la denominada pieza política de los ERE fraudulentos de Andalucía supera ya los tres meses de duración y espera entre esta semana y la próxima al plato fuerte de las declaraciones, los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los últimos acusados en responder ante el juez. Ambas comparecencias llegan, sin embargo, en un momento en el que se aprecia cierta pérdida de fuelle en la causa, dado que quienes les han precedido se han encargado de descafeinar el juicio. No solo alguno de los implicados se han desdicho de sus acusaciones contra ellos, sino que todos han defendido la legalidad del sistema que repartió hasta 850 millones de euros a empresas en crisis.
La declaración que más aire ha insuflado a los expresidentes ha sido sin duda la del exinterventor general de la Junta Manuel Gómez, que ante el juez echó agua sobre su incendiaria declaración de seis años antes el Parlamento andaluz. “Si su vecino le advierte a voces por la ventana que salen llamas por su extractor de humo usted qué haría. ¿Llamaría a los bomberos para evitar la catástrofe o esperaría a que su vecino confirmara la noticia por carta o correo electrónico?”, dijo entonces como símil de la inacción del ejecutivo socialista a la hora de frenar las irregularidades en el pago de las ayudas sociolaborales. Sin embargo, a la hora de comparecer ante el tribunal, se desdijo. “Si examinamos ahora esos expedientes, yo no digo que no hubiera deficiencias administrativas, pero eso que dije de que se había prescindido total y absolutamente del procedimiento reglado, no cabe con los ojos de hoy”, explicó ante la mirada atónita de los fiscales.
Gómez, que se enfrenta a una pena de seis años de cárcel por delitos de malversación y prevaricación, confirmó que en ninguno de su decena de informes reclamó una actuación inmediata porque no apreció “menoscabo de fondos públicos”. Una tesis a la que siempre se han aferrado en la Consejería de Hacienda. Lo hizo también ante el juez quien fuera número 2 de Griñán y su sustituta en dicha cartera, Carmen Martínez Aguayo, quien además hizo de escudo del expresidente al reconocer que no le transmitió esos reparos porque sus subordinados, que eran quienes se leían los informes, no detectaron irregularidades.
"Políticas de amortiguación"
En el caso de Manuel Chaves, su escudo ha sido el exconsejero de Empleo durante la década de los 2000, Antonio Fernández, el único miembro del ejecutivo que pisó la cárcel y que se enfrenta a otros ocho años de prisión. Fernández concedió que en esos años el gobierno andaluz tenía una gran preocupación por la delicada situación de grandes empresas de la región y su efecto económico y social en la población, por lo que se pusieron en marcha “políticas de amortiguación”, según las definió. Con el presidente Chaves simplemente habló de los grandes conflictos laborales, y siempre en líneas generales, y la decisión concreta sobre la cuantía de las ayudas recaía en el exdirector general de Trabajo, Javier Guerrero, quien trabajaba con “absoluta libertad y discrecionalidad”.
Como ya ocurriera durante la instrucción, las culpas penales del caso parecen pesar sobre Guerrero. Ante el juez, también él quiso minimizar daños asegurando que si señaló directamente a la cúpula del Gobierno fue a causa de la “tremenda presión mediática y policial”, negando incluso haber usado jamás el término “fondo de reptiles”. Y de forma sorprendente, se alineó con sus superiores y apuntó que el sistema de pago de ayudas, las transferencias de financiación, era “idéntico” al que usó el Ministerio de Trabajo hasta 2013.
Sí hay perjuicio en la vía contable
La defensa de la legalidad que amparaba las ayudas, a la que se agarrarán también presumiblemente Chaves y Griñan, choca sin embargo con la gestión de las mismas, ya que otros tribunales sí están apreciando que el reparto del dinero fue ilegal y arbitrario. El Tribunal Supremo, en la vía contencioso administrativa, falló hace unas semanas en contra de una empresa a la que obliga a devolver una ayuda de 3,8 millones porque se concedió con una “grosera omisión de los trámites administrativos”. La única base para darla fue “la decisión del director general de Trabajo”, dice la sentencia.
De la misma manera, el Tribunal de Cuentas sí estima que hubo “menoscabo de fondos públicos”, y reclama al sucesor de Guerrero en la dirección general de Trabajo, Juan Márquez -también imputado en la pieza política de los ERE--, y a dos empresas que devuelvan sendas ayudas por un total de 780.000 euros. Unas sentencias que complican aún más el galimatías judicial del caso ERE, con más de 250 piezas abiertas.
