Dos consejeras del Tribunal de Cuentas constataron ayer en el Senado el empleo de un «vacío» o «limbo» legal por parte de Ciudadanos para financiarse con fondos de subvenciones transferidos desde sus grupos municipales y de los parlamentos autonómicos, una práctica habitual en los partidos desde años atrás. Tanto es así que las consejeras María Dolores Genaro y María José de la Fuente recordaron que ya en el 2001, cuando Ciudadanos ni siquiera existía, el Tribunal emitió una moción para recomendar la regulación del frecuente traspaso de dinero a los partidos para sufragar su actividad ordinaria desde los grupos institucionales.

Este fue uno de los principales asuntos sobre los que el portavoz del PP en la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos, Luis Aznar, interrogó a las dos responsables del último informe del Tribunal de Cuentas que detectó irregularidades en la contabilidad de Cs en el 2015, hasta el punto de emitir un dictamen de auditoría desfavorable.

El senador del PP hizo especial hincapié en el hecho de que el órgano fiscalizador no avalara la contabilidad del partido de Albert Rivera, que además no aportó documentos acreditativos de las labores de asesoría al partido desde los grupos bajo el que justificaba el trasvase de fondos. Se trata de unas cantidades que en los ejercicios del 2014 y 2015 llegarían a los 2 millones de euros y que la formación naranja podría haber empleado para sufragar gastos de campaña.

Genaro reconoció que existe un «vacío legal» y que por ello el tribunal emitió en el 2001 su recomendación para regular la finalidad a la que podían destinarse esas aportaciones, si bien 17 años después no ha sido atendida por el Parlamento, que es quien puede acometer la reforma. Añadió que una vez que cualquier partido incorpora las cantidades de sus grupos institucionales ya son recursos del partido «y los puede destinar a lo que considere».