Ada Colau ha reaccionado con cautela a la operación judicial que ha llevado a la detención del exteniente de alcalde Antoni Vives, al presidente del puerto, Sixte Cambra, y al director general de la Fira y anterior gerente del ayuntamiento, Constantí Serrallonga, entre otros. La alcaldesa se ha centrado en los “datos contrastados” de los que dispone, que, ha dicho, son los que afectan a la empresa municipal BIMSA.

Aunque no ha descartado una comisión de investigación ni que el ayuntamiento se persone en la causa, si se abriera, ha anunciado que por ahora el gobierno municipal ha decidido abrir un expediente informativo, mediante el cual la Oficina de la Transparencia recabará todos los datos sobre las gestiones admnistrativas bajo sospecha.

DIRECTIVOS DE BIMSA

Ha recalcado que hasta que no se conozca más información no se actuará, Colau ha subrayado que la Guardia Civil ha hecho registros en las casas de dos directivos de BIMSA, el director general, Ángel Sánchez, y el director técnico de infraestructuras, Ernest Santolaria.

Colau ha precisado los cinco casos sobre los que se ha pedido datos al consistorio en el marco de la investigación: las obras en la calle del Paral·lel, las de la calle de Lucà, las de la reforma de Glòries, las del tramo del carril bici entre Bac de Roda y Felip ll y las del paseo Mirador de la carretera de las Aigües.

EL PUERTO Y LA FIRA

En los casos de Cambra y Serrallonga, la alcaldesa ha recordado que el ayuntamiento cuenta con participación en el Puerto y en la Fira de Barcelona. Al primero le ha pedido la celebración de un consejo de administración “cuanto antes”. En el caso de la Fira, está prevista una reunión similar en los próximos días.