La Audiencia Nacional ha confirmado la prisión provisional por el caso Lezo para Edmundo Rodríguez Sobrino, hombre fuerte del expresidente madrileño Ignacio González en Latinoamérica, por riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, tras conocerse ayer que ocultaba en un apartamento en Colombia 262.000 euros.

La sección cuarta de lo Penal rechaza así en un auto el recurso que interpuso Rodríguez Sobrino, exconsejero de La Razón, contra su ingreso en prisión el 21 de abril, al igual que ya ha hecho con respecto a la prisión provisional del González y de su hermano, Pablo González.

En su recurso, su defensa aseguraba que si hubiera querido huir lo habría hecho antes de ser detenido, dados sus frecuentes viajes y "la información facilitada acerca desde que hace un tiempo sabía que era objeto de investigación", aunque no especifica quién se lo dijo.

"Si hubiera querido ya se habría marchado de España y refugiado en otro país, lo que no ha hecho ni hará", insistía su abogado.

Invocaba además el arraigo familiar como prueba de que no tenía intención de fugarse, alegando que dirige un despacho de abogados en Madrid, donde convive con su esposa, atiende a su madre de 92 años y además va a ser próximamente abuelo.

La Sala, sin embargo, considera que persiste el riesgo de fuga por sus contactos y cree que el "indudable arraigo personal y familiar" no es suficiente para "evitar los relevantes riesgos de sustracción a la acción de los tribunales".

La defensa alegaba además que el hasta ahora juez del caso Lezo, Eloy Velasco, tenía "un claro prejuicio acusatorio" contra él y que su auto de prisión se basaba "en meras presunciones huérfanas de suficiente sustento, ineficaces para construir una imputación sólida".

A este respecto la Sala, tilda de "cabal y ponderada" la medida adoptada por Velasco y señala que aparecen "graves indicios" de su posible participación "en conductas que pudieran constituir múltiples delitos", "un panorama totalmente opuesto al descrito" en su recurso de apelación.

Los magistrados recuerdan que a Rodríguez Sobrino se le sitúa "en la dirección de una operativa defraudadora de los intereses de la Administración de Madrid" mientras fue presidente de la sociedad colombiana Inassa, participada mayoritariamente por Canal Extensia, filial del Canal de Isabel II.

Según la investigación, colaboró en la compra de la brasileña Emissao, sobrevalorando su precio "con el fin de desviar a fines privados los fondos públicos utilizados en un adquisición" por 20 millones de dólares.

Eso le llevó a adoptar, "conductas subrepticias que llevaron a colocar el importe de la compra, por valor de 31 millones de dólares en cuentas bancarias de Suiza y Brasil".

Se ha determinado "la existencia de un extenso patrimonio" a su nombre o al de su hija, tanto dentro como fuera de España (Reino Unido, República Dominicana y Colombia) y que supuestamente fue adquirido con los beneficios "de aquellos anómalos negocios".

De hecho, ayer mismo, la Fiscalía de Colombia informaba de la incautación de 262.000 de euros que Rodríguez Sobrino tenía en un apartamento en Barranquilla (Colombia).