"Es como sacarles una muela". La expresión la emplea un diputado para explicar el significado de la reforma electoral que este miércoles empieza a fraguarse en el Congreso. La presión social y la entrada de Podemos y Ciudadanos en el Parlamento espolean un cambio para que el bipartidismo no siga beneficiándose de un sistema concebido en la Transición para fabricar mayorías absolutas con el ánimo de favorecer la estabilidad del Gobierno.

PP y PSOE, grandes favorecidos hasta ahora, afrontan la reforma con reticencias, sabedores que no pueden enervar a sus electorados ignorando la demanda social pero conscientes, también, de su poder, puesto que los partidos pequeños no pueden sacar adelante un cambio en una ley orgánica sin su respaldo. Morados y naranjas asumen que si son pragmáticos y consiguen introducir cambios sin tocar la Constitución, el nuevo modo de votar podría aprobarse a principio del 2018. El PSOE, aún abierto a dialogar, recuerda que no tiene "ninguna prisa".

Los trabajos parlamentarios para lograr un consenso han comenzado este miércoles y por el momento la fuerza más reticente es el PP. Fuentes del PSOE, Podemos y Ciudadanos consultadas por El Periódico están de acuerdo en aspectos fundamentales, lo que constata que no es una quimera, sino una ventana de oportunidad real.

MÁS PROPORCIONALIDAD Y ELEGIR DIPUTADOS

El primero, conseguir mayor proporcionalidad del voto. Es decir, que el peso sea el mismo entre territorios y no se prime a las zonas poco pobladas respecto de las grandes ciudades donde cada papeleta vale menos. ¿Cómo? La propuesta que a priori cuenta con mayor consenso es aumentar a 400 el número de diputados [ahora 350]. Se asignaría solo un diputado a cada provincia [ahora 2] y el resto se fijaría proporcionalmente a la población hasta 350. Los 50 restantes se elegirían agrupando los restos de votos que se quedan sueltos y ahora no se traducen en escaños.

El segundo aspecto, las listas. Todos coinciden en que hay que favorecer que los electores puedan premiar a unos dirigentes respecto a otros. La cuestión a debatir es si se desbloquean parcialmente o se abren por completo.

La tercera clave es el voto rogado, un trámite que deben cumplir los residentes en el extranjero(mayoritariamente jóvenes expatriados) y que ha echo caer en picado la participación exterior. Todos salvo el PP están de acuerdo en cambiar esta situación. El PSOE propone "mejoras", y Podemos prefería eliminarlo.

DEBATES, ENCUESTAS Y 'MAILING' CONJUNTO

Más allá de estos tres grandes principios, también hay cuestiones menores en las que puede haber acuerdo: que el ‘mailing’ de las papeletas electorales sea único en lugar de que cada partido envíe las suyas y reducir así el gasto de campaña subvencionado por el Estado; regular la obligatoriedad de debates electorales; eliminar la prohibición de publicar encuestas desde cinco días antes de los comicios e implementar el voto anticipado.

Fuera del consenso se queda la posibilidad de adelantar el voto a los 16 años que proponen ERC y Bildu, puesto que implicaría modificar la Carta Magna, y también cambiar las circunscripciones [ahora provinciales] para pasar a una única o autonómica, como venía proponiendo Podemos.

CONSENSO, CON PRISA O SIN

"Si no hacemos esta reforma no remontaremos la crisis institucional. Los grandes partidos son conscientes de que no pueden continuar usando la ley electoral como escudo protector", defiende Ignacio Prendes (Ciudadanos), que es optimista respecto a los plazos y confía en aprobar la modificación a principio del 2018.

Desde el PSC, Meritxell Batet apela al pragmatismo y huye de toda prisa. "Es una prioridad política para nosotros y estamos dispuestos a escuchar, pero debe ser una reforma consensuada, que no responda a un interés coyuntural, sino a un esfuerzo común", alega.

El PP no propone medidas más allá del ámbito municipal, que no afectarían a la ley electoral, como dar una prima a la lista más votada para favorecer su gobernabilidad y evitar situaciones como la del ayuntamiento de Madrid, en el que Manuela Carmena pactó con el PSOE y arrebató la alcaldía a los populares, en el 2015.

Este miércoles se constituye la subcomisión en el Congreso que pondrá en marcha los trabajos para buscar ese consenso. Su duración prevista es de seis meses y los nuevos partidos esperan tener para entonces elaborado un dictamen que llegue al pleno en el próximo periodo de sesiones, en invierno.