El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los dos primeros conflictos entre órganos constitucionales planteados por el Gobierno de Mariano Rajoy contra acuerdos de la Mesa del Congreso. Ello supone que el alto tribunal revisará decisiones de la Cámara en las que el PP quedó en minoría y recurrió a esta forma de veto.

Los dos primeros conflictos constitucionales admitidos a trámite son uno por el que se tomó en consideración una proposición de ley del PSOE para suspender el calendario de la ley para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), y otro dirigido a modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad laboral de los sucontratados.

En las providencias de admisión a trámite, el alto tribunal da traslado de las demandas del Ejecutivo al Congreso, que dispone de un mes para formular las alegaciones que estime convenientes, y al Senado, para que comparezca "en apoyo del demandante o del demandado, si entendiere que la solución del conflicto planteado afecta de algún modo a sus propias atribuciones".

AUMENTO PRESUPUESTARIO

Ante el nuevo escenario surgido de las elecciones del pasado 20 de diciembre, el PP empezó a comprobar que leyes aprobadas en la anterior legislatura gracias a su mayoría absoluta eran modificadas por la mayoría parlamentaria que resultó de los comicios y contratacó llevándolas al Tribunal Constitucional si entendía que suponían un aumento del gasto presupuestario.

La primera vez que puso en práctica esta actuación, que anunció que repetirá en cada revés parlamentario, fue con la proposición que deroga la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, una de las dos impugnaciones admitidas a trámite este lunes por el Constitucional.