Francisco Correa, considerado el cabecilla de la trama 'Gürtel', comparecerá este martes ante la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación ilegal del PP, pero lo hará mediante videocoferencia y sin intención de contestar a las preguntas que le formulen los diputados para no perjudicar su defensa ante los tribunales.

Para el mismo día estaba citado ante este órgano el presunto cerebro financiero de la trama, Ramón Blanco Balín, quién pidió que se aplazara su comparecencia, una solicitud que ha sido aceptada por la comisión, según fuentes parlamentarias.

El presidente de la comisión, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, tomó la decisión de citar a Correa por videoconferencia después de que comunicara al Congreso que se acogerá a su derecho de no responder a las preguntas de los diputados, y pospuso sin fecha la citación a Blanco Balín.

Tanto Correa como su socio se sientan desde el pasado 15 de enero en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por la presunta financiación del PP valenciano, una de las piezas del caso 'Gürtel', una vista oral que se retomará el 7 de febrero.

La trama valenciana

El líder de la red corrupta está en prisión cumpliendo la condena de 13 años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) por los amaños de los contratos de los expositores de Fitur. Además se encuentra a la espera de conocer la sentencia condenatoria por el primer juicio de la trama Gürtel relativo a los primeros años de su actuación (1999-2005).

Ahora la Fiscalía Anticorrupción pide para él 24 años y medio de cárcel por recibir pagos en negro del PP, pero el Ministerio Público le ofreció rebajar esa petición si colaboraba durante el juicio oral de la financiación ilegal del PP valenciano. En su declaración del 16 de enero, Correa ya ha reconocido que el partido que presidía Francisco Camps le pagó en 'b' y mediante facturas falsas parte de los servicios que prestó su empresa Orange Market durante las campañas electorales de 2007 2008.

En concreto, declaró en el juicio que era el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa quien indicaba a Orange Market el nombre de los empresarios a los que debía facturar los actos de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008.

Los nueve empresarios acusados en el mismo caso ya habían confesado que sufragaron de forma irregular parte de los actos electorales de los 'populares' valencianos y el propio Ricardo Costa remató admitiendo ante el tribunal la financiación ilegal del partido.

De su lado, Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol, se enfrenta ahora a su primer juicio acusado de ser el artífice del entramado financiero de la 'Gürtel': fue miembro de los consejos de administración de muchas de las empresas de Correa y figura como supuesto responsable de blanquear del dinero que obtenían de comisiones ilegales que pagaron empresarios para conseguir contratos públicos.

La Fiscalía le pide 15 años de cárcel por seis delitos fiscales y su declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional está programada precisamente para el 7 de febrero, al día siguiente de la comparecencia parlamentaria, y por ello pidió el aplazamiento al Congreso.

'Mordidas' al PP

Con este cambio de planes, el PP, que tiene recurrida la creación de la comisión de investigación ante el Tribunal Constitucional, se ve reforzado en sus críticas a la oposición por abrir una comisión de investigación sobre asuntos que se están juzgando en paralelo. Lo que no ha sufrido variación alguna es la sesión prevista para la semana siguiente.

Concretamente para el 13 de febrero está citado el expresidente de Constructora Hispánica, Alfonso García-Pozuelo, quien ya reconoció en sede judicial donaciones para campañas electorales del PP y pagos a antiguos cargos del partido y la cúpula de la trama para lograr a cambio adjudicaciones en la localidad madrileña de Boadilla del Monte.

También para ese día se ha llamado al propietario de la empresa Nuevas Iniciativas de Gestión Empresarial Plácido Vázquez Dieguez, a quien el propio Correa señaló ante el juez como encargado de recaudar las comisiones que pagaban las empresas a cambio de adjudicaciones.

Bárcenas primero

La comisión de investigación sobre la presunta 'caja b' del PP se constituyó el pasado mes de mayo y empezó las comparecencias citando al extesorero del PP Luis Bárcenas, que tampoco colaboró excesivamente con los diputados escudándose en su derecho de defensa.

En julio desfilaron los demás tesoreros del PP de las últimas décadas, aunque no a todos porque faltó Álvaro Lapuerta por motivos de salud.

Después, tras el casi cuatro meses de parón, primero por el paréntesis estival y después por la situación en Cataluña, se reactivó y citó a los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional que investigaron la trama 'Gürtel' y al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En la siguiente ronda de comparecencias se escuchó a varios periodistas que han investigado los casos de corrupción que salpican al PP.

De momento, los grupos de la oposición han congelado la citación de responsables políticos del PP, entre los que se habló de llamar a la cúpula del partido de los últimos años, incluyendo al presidente Mariano Rajoy.