Cuatro guardias civiles declaran hoy en la Audiencia Provincial de Navarra como investigados en relación con la denuncia por torturas presentada por el miembro de Sortu Eneko Compains, quien ha manifestado que sus "esperanzas son prácticamente nulas por los precedentes históricos que hay".

Coincidiendo con la fecha fijada para que los agentes declaren ante el juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Provincial de Navarra, Compains se ha acercado hasta el Palacio de Justicia respaldado por un grupo de personas que portaban una pancarta con el lema "Tortura, no a la impunidad, de la sombra a la luz", en euskera.

Allí ha aseverado que "parece que se están dando pasos dentro de los tribunales", si bien, ha apuntado que "vivimos en un país en el que ha habido miles de casos de torturas y las condenas se han contado con los dedos de la mano y, en la inmensa mayoría de los casos, han terminado en indultos".

"La verdad sobre la tortura en Euskal Herria no se va a escribir en los tribunales españoles", ha remarcado para agregar que "se va a escribir con el trabajo que hagan organismos sociales, ciudadanía e instituciones".

Por ello, ha interpelado a "los principales partidos políticos responsables de la tortura a que asuman responsabilidades", en alusión al PP y PSOE, a los que ha sumado, "en menor medida, pero también de forma muy relevante el PNV en la medida que era responsable directo de la Ertzaintza".

También ha solicitado que los partidos "trabajen" con el informe sobre la incidencia de la tortura y malos tratos entre 1960 y 2014 presentado por el Gobierno vasco en 2017 y ha animado al Ejecutivo foral a que "los torturados" en Navarra tengan un reconocimiento público.

Ha recordado que se cumple casi un año desde que el Tribunal Constitucional exigió al juzgado de instrucción número uno de Pamplona la reapertura de la investigación por torturas a su persona. Durante estos meses se han practicado diversas pruebas que ha concretado en su propia toma de declaración (ya que el caso en un principio se archivó sin tomar declaración alguna), y otras documentales.

Entre ellas, el Protocolo de Estambul, al que fue sometido por "psicólogos expertos", las actas de reconocimiento médico que se le practicaron durante la detención, la declaración al médico forense que le trató, y la del abogado de oficio.