Segunda Mesa del Parlament tras el retorno de las vacaciones y segunda oportunidad no empleada por los independentistas para incluir en su orden del día la ley del referéndum, entrada en el registro el 31 de julio. Ante ello, la CUP ha optado por reiterar, de nuevo, que la gestión de los tiempos que maneja Junts pel Sí “no es” su “calendario”.

La diputada anticapitalista Mireia Boya ha exigido a sus socios secesionistas que todo “el entramado jurídico administrativo” del referéndum “esté listo” antes de la Diada. Es decir, que se apruebe la ley, se convoque y se forme la Sindicatura electoral. Asimismo, ha extendido el ruego a la entrada en el registro de la llamada ley de desconexión, la que prevé qué hacer en caso de que gane el ‘si’ a la independencia el 1-O. El texto de esta ley será presentado públicamente la semana que viene.

“Hay que poner ya el foco en la desobediencia y la unilateralidad”, ha señalado la diputada antes de fijar la fecha para ese cambio de etapa, también llamada ‘choque de trenes’: “Se producirá en el pleno del 6 y 7 de septiembre”.

Acerca de la ley de transitoriedad, la semana pasada la diputada Anna Gabriel ya señaló que era de desear que fuera aprobada durante la propia campaña del referéndum.