El sindicato ASP (Alternativa Sindical de Policía) considera "objeto de reproche penalmente perseguible de oficio" los títulos de grado en Criminología que concedió la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) a 200 jefes de la Policía Nacional en 2014 y 2015.

Así se lo dice a la Fiscalía de Móstoles (Madrid) en un escrito que ha presentado este jueves pidiendo que investigue los títulos que ofrecía la universidad entre 2013 y 2015 a inspectores y comisarios, para que "obtuvieran, posiblemente de manera fraudulenta, una titulación suficiente y necesaria para ascender a los más altos cargos". La Fiscalía de Móstoles es la que investiga el caso del máster de Cristina Cifuentes.

Los denunciados eran títulos de grado que se impartían 'online', sin necesidad de acudir a clase, y en un año. El coste de la matrícula era de 3.000 euros. Al mando se le convalidaban como universitarios otros cursos que hubiera seguido en el programa de formación interna de la Policía.

La URJC incluyó los cursos en su oferta formativa en virtud de un convenio que negoció el rector Pedro González-Trevijano con la Dirección General de Policía (estando al mando Ignacio Cosidó) y explotó el rector Fernando Suárez Bilbao dentro de un agresivo programa de captación de recursos para la universidad, recuerdan fuentes de su claustro.

El curso desapareció del panel de la URJC en el verano de 2015. La Secretaría General de Universidades había puesto en duda su calidad, "dado su escaso contenido curricular y duración", dice la denuncia.

Necesidad imperiosa

La demanda de títulos universitarios para los jefes de la Policía se disparó en 2014, cuando Interior tuvo que suspender en sus funciones durante meses a directivos clave, entre ellos Fernando Amo, jefe superior de Policía del País Vasco, y José María Rodríguez, subdirector de la Inspección de Personal. Compañeros suyos habían llevado sus ascensos ante jueces de lo contencioso que consideraban -como en el primer caso- que no reunían "la titulación necesaria para el puesto". La Ley de Personal de la Policía exige título universitario a los funcionarios A1 y A2, el grado administrativo de los comisarios e inspectores jefe.

Raúl Cuesta, portavoz de la ASP, aclara que la denuncia de su sindicato "no culpa a la Dirección General de Policía; pedimos que se investigue a esa universidad". Si han denunciado, dice, es por el "agravio comparativo que supone que algunos mandos hayan ascendido con títulos exprés sobre otros que sí tienen auténtica formación universitaria". El agravio comparativo se extiende también a los "alumnos no policías que pagaron y estudiaron durante cuatro años para obtener el mismo grado que se daba 'online' en uno".

Examen presencial

Fuentes del rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos muestran su disposición a colaborar con el fiscal. "No tenemos aún noticia oficial de la denuncia -explican-, pero responderemos a las preguntas que nos quiera hacer la Fiscalía si nos las hace, y aportaremos la documentación que pida".

Si bien admiten que el curso de Criminología era 'online', estas fuentes matizan que tenía como condición "que quienes lo cursaban presentaran un TFG (trabajo de fin de grado) y se examinaran presencialmente".