Veinte detenidos, entre ellos la alcaldesa y dos concejales, un millar de cuentas corrientes bloqueadas y numerosas obras de arte y vehículos de lujo intervenidos. Éste es el espectacular balance de la operación policial desarrollada en el Ayuntamiento de Marbella y diversas provincias y que continúa aún abierta. El juez de instrucción número 5 de la localidad sospecha que se han cometido delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y maquinación para alterar el precio de las cosas.

La operación Malaya se inició en octubre del 2005, a raíz de unas escuchas telefónicas dentro del caso Ballena blanca contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Según fuentes policiales, la nueva investigación tenía como objetivo descubrir un complejo entramado societario que encubriría numerosas actividades delictivas, principalmente la concesión de licencias urbanísticas a cambio de comisiones.

El juez Miguel Ángel Torres ordenó ayer por la mañana el registro del Ayuntamiento de Marbella, la tenencia de alcaldía de Puerto Banús, el departamento de Urbanismo, e incluso la oficina de la Policía Local, así como de varios despachos de abogados y oficinas en Madrid, Huelva, Cádiz y Murcia. Los registros en las dependencias municipales se prolongaron hasta bien avanzada la tarde y concluyeron con la incautación de seis cajas de documentos y numerosos ordenadores, así como la detención de dos ediles, los responsables de Tráfico y Transportes, Victoriano Rodríguez, y Cultura, José Jaén, y el secretario general, Leopoldo Barrantes.

REGISTRO DOMICILIARIO Al mismo tiempo, los agentes --más de 150 participaron en la operación-- registraron el domicilio particular de la alcaldesa, Marisol Yagüe, que también es responsable de Urbanismo, y que salió de su vivienda en un coche policial oculta por una sábana. En su domicilio se requisaron dos ordenadores y una bolsa con distinta documentación. Tras su detención, el segundo teniente de alcalde, el exfutbolista Tomás Reñones, asumió la alcaldía en funciones. Otro de los registros se hizo en el despacho del exgerente de Urbanismo durante la época de Jesús Gil, José Antonio Roca, y asesor de la actual corporación. A él se vinculan algunas de las detenciones realizadas ayer, como la de un testaferro de Murcia que adquirió una finca en nombre de Roca, o la de varios abogados de un despacho de Madrid relacionado con Gil.

En total, en la provincia de Málaga han sido detenidas 13 personas. Tanto Yagüe como Roca y los dos concejales permanecieron todo el día en la comisaría de Málaga a la espera de pasar a disposición judicial. El letrado de la alcaldesa reclamó un equipo médico forense para comprobar su estado de salud, ya que está convaleciente de una operación de cirugía estética. No se descarta que se produzcan nuevas detenciones, entre las que podría estar la de la primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, cuando regrese de su viaje de bodas.

PP e IU han pedido la disolución del ayuntamiento y la convocatoria de elecciones anticipadas. La Junta de Andalucía, que hace dos semanas inició el expediente para la retirada de competencias urbanísticas del ayuntamiento, subrayó que la operación justifica la medida.