La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a 56 personas que formaban parte de una red organizada dedicada a la creación de empresas falsas en la Región de Murcia y que supuestamente ha defraudado más de tres millones de euros a la Seguridad Social, informan fuentes del Ministerio del Interior.

Agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal, iniciaron hace seis meses esta investigación conjunta con la Brigada de Policía Judicial de Cartagena, a la que denominaron operación Nervio.

Las detenciones se produjeron después de que los agentes comprobaran la sucesiva creación de empresas, unas reales y otras ficticias, al frente de las cuales había personas en situación de exclusión social o penados, y que incurrían sucesivamente en el impago de los impuestos correspondientes a la Seguridad Social.

El objetivo final de estas empresas era la defraudación, con el trasvase de trabajadores de unas a otras, para eludir el pago de la Seguridad Social de los distintos operarios.

La mayoría de los supuestos empresarios eran en realidad personas en situación de exclusión social, acogidas a programas relacionados con la integración laboral y social de drogodependientes, e incluso un preso que cumplía condena.

La investigación ha permitido la detención en Cartagena del responsable de la red de captación de ficticios empresarios, que eran seleccionados entre personas de los círculos marginales de esta ciudad y de zonas limítrofes.

Para ello se servía de terceras personas, también detenidas, que captaban y ofrecían a indigentes cantidades de dinero que rondaban los 600 euros a cambio de que les facilitaran sus documentos nacionales de identidad.

Una vez que los tenían en su poder, preparaban la documentación necesaria para inscribirse en la Seguridad Social y dar de alta la licencia fiscal de estas empresas ficticias, en unos casos instando a los titulares de los DNI a que firmaran la solicitud de inscripción en la Seguridad Social, y, en otros, falsificando su firma.

Una vez que se gestionaba el alta de estas falsas empresas, eran dados de alta en la Seguridad Social un elevado número de personas como trabajadores de aquéllas, sin que en ningún caso se ingresaran las cuotas de los seguros sociales correspondientes.

Según las mismas fuentes, tanto la inscripción de las empresas instrumentales como las altas de los trabajadores eran canalizadas a través de gestorías, cuyos titulares han sido también detenidos.

Los trabajadores dados de alta prestaban sus servicios cedidos a unas subcontratas, sin que las empresas contratistas conocieran el fraude existente tras esa cesión.

Cuando la Seguridad Social detectaba los descubiertos por impago de cuotas, los trabajadores eran inscritos en una nueva empresa creada al efecto, que utilizaba los mismos procedimientos.