El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha ordenado este jueves una serie de diligencias para investigar una supuesta malversación de fondos públicos en la financiación de la publicidad del referéndum del 1-O, en el marco de una pieza secreta que sigue el rastro de los gastos del Govern para la celebración del 1-O. La operación tiene lugar después de analizar documentación intervenida en anteriores pesquisas de la investigación de los preparativos y la organización de la consulta unilateral que lleva el citado juzgado.

La Guardia Civil ha detenido como investigado al secretario de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat, Antoni Molons, ha registrado su vivienda en Sant Joan Despí, y lo ha trasladado hasta su despacho, que se encuentra en el Palau de la Generalitat, según ha podido saber EL PERIÓDICO de fuentes de la investigación. Una vez terminado el registro, lo han llevado al cuartel de la Guardia Civil, situado en la Travessera de Gràcia de Barcelona.

Los agentes también han entrado en la sede de Òmnium Cultural para averiguar si la publicidad del 1-O se pagó a través de subvenciones de la Generalitat a esta entidad soberanista. Se trata del 'spot' que fue ordenado retirar en el que se veía un cruce de vías con el mensaje: "Vas néixer amb la capacitat de decidir, hi renunciaràs?" ("Naciste con la capacidad de decidir, renunciarás a ella?").

Según fuentes de Òmnium Cultural, los agentes han mantenido retenidos a siete trabajadores en una sala mientras realizaban una copia de los correos electrónicos y cambiaban las contraseñas para que nadie pueda acceder a estos ordenadores mientras se lleva a cabo el registro. Hora y media después, les han dejado salir. Ahora bien, los agentes continúan inspeccionando la sede de la calle Diputació de Barcelona, custodiados por los Mossos d'Esquadra.

Turull orquestó la campaña

En unos informes de la Guardia Civil incluidos en el sumario que está en manos del juzgado número 13 de Barcelona y a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, mantienen que el entonces 'conseller' Jordi Turull, desde el Departament de Presidència, autorizó la difusión de anuncios sobre el 1-O en los medios públicos catalanes una vez rechazada la campaña que llevaba por nombre 'Civisme' en la que se incluían empresas publicitarias homologadas. El presupuesto de esta campaña, según los mismos documentos, era de 2,7 millones de euros pero el presupuesto no se llegó a ejecutar.

Advertencia del juez

El vicepresidente de la entidad, Marcel Mauri, ha asegurado, en declaraciones a RAC-1, que la Guardia Civil no hallará "ningún vínculo de pagos" entre la Generalitat y la entidad y ha explicado que se limitaron a realizar una "campaña para fomentar la participación el 1-O". Asimismo, Mauri ha destacado que en la instrucción del registro, el juez ha indicado "explícitamente" a los responsables de Òmnium Cultural que no cometiesen "un nuevo 20 de septiembre" (en alusión a la gran concentración en protesta contra los registros en la Conselleria de Economia) porque podrían incurrir en un delito de rebelión. Precisamente, su presidente Jordi Cuixart, se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre por las protestas de los días 20 y 21 de septiembre contra la operación de la Guardia Civil para impedir el referéndum.

Por ello, desde la entidad no se ha hecho ningún llamamiento a concentrarse a las puertas de su sede pero el Comitè de Defensa de la República (CDR) del Barcelonès ha convocado una protesta a las puertas del Palau de la Generalitat, una iniciativa secundada por 'Despertem la República', un grupo de activistas que acampan en Plaza Cataluña desde el 30 de enero, y la CUP. Por su parte, el canal oficial de los CDRs ha llamado a manifestarse en el cuartel de la Guardia Civil de Barcelona a las 19 horas.