Seguro que la fiscal Dolores Delgado ignoraba todo lo que le esperaba en el año 2018 las pasadas navidades. Hace pocas semanas fue elegida por sus compañeros para que les representara en el consejo fiscal, órgano de asesoramiento del fiscal general del Estado, y este miércoles se ha sabido que será la próxima ministra de Justicia, la segunda mujer que asume esta responsabilidad. La primera fue Margarita Mariscal de Gante, en el Gobierno de José María Aznar.

Delgado es miembro desde hace años de la Unión Progresista de Fiscales, lo que le será de utilidad en un momento en que todas las asociaciones de jueces y fiscales declararon la guerra a su antecesor, Rafael Catalá, y protagonizaron la primera huelga conjunta de la democracia.

Lola Delgado ha desarrollado prácticamente toda su carrera en la fiscalía en la Audiencia Nacional. Tras un paso fugaz por un juzgado catalán, desde hace 25 años es fiscal en el tribunal especializado en terrorismo, primero en Antidroga y luego propiamente en la fiscalía de la Audiencia.

Entre los asuntos en los que ha participado destaca el procedimiento contra el militar argentino Adolfo Scilingo, condenado en España por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura argentina, y la primera petición de entrega del informático del HSBC Hervé Falciani, en la que se opuso a devolverlo a Suiza, criterio que siguió la Audiencia Nacional. Fiscal coordinadora de terrorismo yihadista fue la fiscal de la operación Caronte, en la que se impusieron penas de entre ocho y 12 años de prisión.

Muy amiga del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, su posición contraria a la decisión de la Audiencia de no investigar los crímenes del franquismo le hizo enemistarse con el que era su jefe, Javier Zaragoza. Con el actual fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, sus relaciones tampoco son buenas. De hecho, tras los atentados de Barcelona el verano pasado, abandonó la portavocía de la fiscalía de la Audiencia, que pasó a asumir el teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo.

No era la primera vez que asumía la portavocía de una fiscalía. Durante el mandato de Cándido Conde-Pumpido en la Fiscalía General del Estado también la llevó unos meses hasta que retornó a la Audiencia Nacional.