El servicio estatal de empleo (SEPE) pondrá en marcha un buzón de denuncias de irregularidades en los cursos de formación para ocupados, además de una sección especial dentro de los servicios de inspección, con el fin de reforzar los controles de los cursos. Esta será una de las medidas que figurarán en el nuevo sistema de formación profesional que está discutiendo el Ministerio de Empleo y los agentes sociales.

Ambas partes han acordado las nuevas reglas para la convocatoria actual de ayudas por un total de 180,2 millones de euros que ya figuran en los presupuestos del Estado de este año. De ellos, 41,3 millones irán destinados a la formación de menores de 30 años que esten inscritos en el sistema de garantia juvenil, y cuyas normas de reparto se conocerán este viernes. Hoy el BOE publica los reglamentos para la convocatoria de este año que será de transición, pues la nueva normativa entrará en vigor en enero del 2015.

Con estas nuevas normas se intenta dar mayor transparencia a las sunvenciones para los cursos de formación después de estallar varios escándalos que han puesto en cuestión el uso de fondos públicos, como en Andalucia y el caso Aneri, en Madrid.

En el futuro, la totalidad de las subvenciones para la formación parta el empleo se someterán a libre concurrencia entre las entidades que cumplan los requisitos para ofrecer estos cursos.

Asimismo, los agentes sociales --sindicatos y empresarios-- no formarán parte de la mesa de valoración de los cursos.

Entre las novedades para la adjudicación de los cursos está la limitación del anticipo al 50% de la subvención correspondiente, dejando el pago del otro 50% a que los propios alumnos comuniquen que realmente han recibido los cursos y una certificación por parte de quien los imparta. Además, los adjudicatarios solo podrán subcontratar el 50% de los cursos.