El oasis catalán empezó a ser un espejismo en febrero del 2005. El debate por el derrumbe parcial del túnel del metro de Barcelona en el Carmel creó las condiciones para que una cifra, el 3%, se volviera mítica. Antes habían aflorado casos de corrupción, pero ninguno había llegado, judicialmente hablando, a buen puerto. El entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, le espetó al que era líder de la oposición, Artur Mas (CiU): “Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%”. El fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, recogió el testigo y empezó a investigar. Este martes deben sentarse en el banquillo de los acusados los miembros de una presunta trama de comisiones en la empresa de vivienda pública Adigsa.
La fiscalía reclama 10 años de prisión e inhabilitación para el exconsejero delegado de esta compañía, José Antonio Fondevila, y 9 años y seis meses de cárcel para otros dos exaltos cargos de la empresa pública, Jordi Huguet y Xavier Sala, por la presunta malversación de fondos en la etapa de gobierno de Jordi Pujol. Se les atribuye desde el pago a un intermediario militante de CDC por labores inexistentes hasta la adjudicación irregular de obras de rehabilitación. A otros imputados se les pide penas de prisión menores.
Sin embargo, desde hace días los acusados mantienen negociaciones con la fiscalía que están a punto de fructificar en un acuerdo que evitaría el juicio y les supondría una rebaja en su eventual condena. José Antonio Salguero, uno de los empresarios encausados y, a la vez denunciante, no piensa, de entrada, admitir nada. Esta persona, además, ha declarado ante la Guardia Civil en el caso del 3% que tramita un juez de El Vendrell por el presunto pago de comisiones a CDC por parte de constructoras.
EL SUPUESTO TÉCNICO Y CDC
El fiscal sostiene en su escrito de acusación que Fontdevila "impuso en la estructura de Adigsa la extraña intervención de una persona ajena a la misma", el también acusado José María Penín, al cual presentó como un supuesto técnico externo, y lo insertó "arbitrariamente" en el proceso de tasación, decisión y adjudicación a empresas particulares de obras de rehabilitación de pisos de segunda mano. Acerca de ese fichaje, apunta, ni constaba "el motivo" ni existía "justificación para ello". Se construyeron, asegura, expedientes de adjudicación "a medida y lapidando fondos públicos".
Para Penín, el fiscal pide 5 años de cárcel, la misma pena que reclama para dos constructores. Para un tercer empresario, José Antonio Salguero, pide 18 meses de prisión. El fiscal detalla que Fontdevila y el intermediario "compartían militancia y actividad política en CDC, amén de haber coincidido laboralmente" en el partido y en una 'conselleria'.
La acusación sostiene que el exconsejero delegado de Adigsa "ordenó caprichosa e injustificadamente" el pago a Penín en el 2003 de una suma que oscilaba entre los 3.000 y los 4.000 euros mensuales "para labores de tasación que nunca existieron". En total, calcula que se desviaron 28.895 euros de fondos para pagar al intermediario.
El fiscal también atribuye a los exresponsables de Adigsa haber participado en el presunto amaño en la adjudicación de obras de rehabilitación en viviendas, a través de un "sistema de contratación paralelo" articulado en torno a Penín. Las facturas contemplaban un sobreprecio "con el que el adjudicatario se enriquecía en favor del erario".
