+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario de El Periódico de Aragón:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
   
 
 

FALTA DE TRANSPARENCIA

España incumple las propuestas anticorrupción del Consejo de Europa

Insta a fijar por ley los criterios objetivos para nombrar a altos cargos judiciales. El organismo afea que los parlamentarios no detallen su declaración de bienes

 

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el pleno del Congreso. - JUAN MANUEL PRATS

ÁNGELES VÁZQUEZ
04/01/2018

El Consejo de Europa tiene de nuevo varias objeciones que hacer a España a la hora de luchar contra la corrupción, según el último informe Greco, relativo en esta ocasión a parlamentarios, jueces y fiscales. Entre ellas destaca la falta de detalle con la que los diputados y senadores españoles rellenan los formularios en los que declaran sus intereses económicos, de bienes y de actividades complementarias.

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa sostiene que los progresos de España son «limitados» en este ámbito y, para mejorar, propone que los diputados y senadores incluyan información sobre el valor de mercado de las propiedades y vehículos que declaran, incluyendo, por ejemplo en el caso de los segundos, el modelo y el año de fabricación. También plantea que deberían identificarse las empresas en las que tienen acciones o participaciones los parlamentarios y que señalen los tipos de interés que pagan por los créditos suscritos con entidades financieras.

El informe pide además que detallen los regalos y viajes a los que son invitados, así como sus ingresos por actividades complementarias, incluidas dietas o compensaciones.

España incumple totalmente cuatro de las 11 recomendaciones realizadas por Europa. Consisten en establecer un código de conducta de conocimiento público sobre cuestiones éticas y posibles conflictos de intereses; fijar un sistema de supervisión y control de las declaraciones de bienes que realizan; establecer por ley criterios objetivos para el nombramiento de altos cargos judiciales para asegurar la independencia, imparcialidad y transparencia del proceso, y ampliar el periodo de caducidad de los procedimientos disciplinarios de jueces y fiscales, fijado en seis meses.

En las otras siete recomendaciones, que tampoco se cumplen por completo, el informe Greco valora los avances realizados para darles cumplimiento pleno, a través de varias reformas legales y la subcomisión constituida a principios del 2017 para el estudio y definición de una estrategia nacional de Justicia.

Estas son amplias y diversas. Desde crear un registro de lobis hasta que el Parlamento no participe en ninguna etapa del proceso de selección de los vocales del CGPJ de extracción judicial, una propuesta en la que hace mucho hincapié Ciudadanos y que el PP descartó en su última reforma del poder judicial.

También reclama Europa, por ejemplo, revisar el nombramiento del fiscal general del Estado, cuyas causas de cese están tasadas y su mandato es de cuatro años. El informe pide que la comunicación del Gobierno con él se haga siempre de forma transparente y por escrito.

España dispone hasta finales de este año para cumplir las recomendaciones. El informe se muestra consciente de la situación de bloqueo político que se vivió entre el 2015 y el 2016 con la repetición de elecciones y dice que «no alberga dudas acerca de la alta calidad del poder judicial y del ministerio fiscal españoles, así como del fuerte espíritu de servicio público de jueces».