En la nueva partida de ajederez abierta en el marco del proceso secesionista, el Estado realizó ayer un doble movimiento que resta libertad de movimientos a su contrincante, es decir, a Carles Puigdemont. Por un lado, la Fiscalía, ante algunas declaraciones del entorno del expresidente catalán, salió al cruce para recordar lo que no deja ser obvio. Que la inmunidad parlamentaria, alcanzada gracias a su acta de diputado, no dota al posconvergente de ninguna patente de corso en cuando a los delitos de los que se le acusa. En paralelo, Mariano Rajoy, en Sevilla, recomendó a los partidos catalanes que hallen un nuevo candidato por cuanto si Puigdemont es investido, además del recurso ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno central no va a levantar la aplicación del artículo 155.

Desde el entorno del expresidente se ha empezado a lanzar una idea: al haber sido elegido de nuevo diputado tiene inmunidad parlamentaria y por tanto no podría ser detenido ni enviado a prisión, con lo que la anunciada investidura telemática podría hasta ser física en el debate en el que se eligirá al nuevo presidente de la Generalitat. Pero no es ese el criterio de la Fiscalía General del Estado, que ha querido cortar de raíz estas manifestaciones y dejar las cosas claras. «Es inadmisible una interpretación del privilegio de la inmunidad parlamentaria que derive en impunidad», afirma. De Puigdemont dice que se dio «a la fuga» y sigue en «su plan delictivo», por lo que nada impediría su detención si pone los pies en España.

Carles Puigdemont se fue a Bélgica para no obedecer los requerimientos judiciales que se le dirigieron, por lo que se dictaron órdenes nacionales e internacionales de detención contra él y los cuatro consejeros que le siguen en su autoexilio en Bruselas. Las órdenes internacionales de arresto, al igual que la euroórden cursada por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, fueron anuladas por el actual instructor de la causa por rebelión, sedición y malversación en la que está imputado, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. Pero las nacionales siguen en vigor, lo que significa que el expresident será detenido en cuanto pise suelo español y conducido a su presencia para que se decrete su ingreso en prisión, situación en la que se encuentran el exvicepresidente Oriol Junqueras, el exconseller de Interior Joaquim Forn y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ACN) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA

Frente las manifestaciones de la diputada de Junts per Catalunya Elsa Artadi, en relación con la inmunidad de los diputados o del propio abogado del expresident, Jaume Alonso-Cuevillas, en este mismo sentido, la Fiscalía explicó que la doctrina del Tribunal Constitucional siempre ha postulado la interpretación restrictiva de los privilegios de los aforados, cuya protección no significa inmunidad, sino que deben responder ante un tribunal determinado. En el caso de los diputados catalanes, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o el Tribunal Supremo, si los delitos que se les atribuyen se cometieron en el resto de España.

«La garantía de inmunidad no significa que no se pueda ordenar el ingreso en prisión por orden judicial, se refiere exclusivamente a la detención policial», precisa. En el caso de Puigdemont se entiende que con su fuga sigue «manteniendo las actuaciones que culminaron con la declaración de independencia» unilateral, lo que «pone de manifiesto que persiste en su plan delictivo y sigue desarrollando acciones tendentes a su consumación».

Y recuerda que el Supremo ya acordó por esos mismos hechos, teniendo «en cuanta su extrema gravedad», la impugnación e ingreso en prisión de otros diputados. Por ello para esta investigación judicial no es necesario solicitar suplicatorio al Parlament para poder actuar contra él.

El presidente del Gobierno, por su parte, consideró que si bien «las cosas están hoy mejor que hace unos meses» en Cataluña, cree que es necesario que los partidos catalanes formen gobierno cuanto antes porque «la excepcionalidad no es buena».

Rajoy lanzó un mensaje claro a Carles Puigdemont y su intención de ser reelegido presidente d ela Generalitat, subrayando que «es necesario actuar con responsabilidad y una sola persona fuera de la realidad no puede condicionar el futuro de nadie».

«PERTINAZ ILEGALIDAD»

Tras recordar que el Ejecutivo central tuvo que «cesar» al Govern porque «se había instalado en la más pertinaz ilegalidad», Mariano Rajoy abogó porque la normalidad regrese lo antes posible a Cataluña, con un gobierno que responda a lo que quiere la gente y ofrezca seguridad jurídica y económica. Una normalidad que a juicio del presidente no se puede lograr residiendo en Bruselas. «Va contra el sentido común, la lógica y la razón», dijo, y «es ilegal», insistiendo en que si finalmente se lleva a cabo se mantendrá la vigencia del artículo 155 de la Constitución y la intervención de la autonomía porque «así lo aprobó el Senado».