Si Carles Puigdemont ignora la citación de la Audiencia Nacional, la jueza Carmen Lamela podría emitir una euroorden pidiendo a Bélgica la detención y entrega del expresidente de la Generalitat. La euroorden entró en vigor el 1 de enero de 2004. Fue creada con el objetivo de facilitar las extradiciones y agilizar los dilatados procedimientos que solían existir hasta entonces entre los estados miembros. Esta simplificación supuso el reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y asumir que todos los países de la UE disponen de sistemas judiciales justos y que ofrecen garantías legales plenas. Precisamente lo que el expresident puso en tela de juicio el martes durante su multitudinaria comparecencia en Bruselas.

Puigdemont no solo advirtió que teme por su seguridad, especialmente desde que las autoridades españolas le han retirado la escolta, sino que volvió a denunciar la agresividad del Estado y la politización de la justicia española. Argumentos que bien podría utilizar en su defensa contra una orden de detención de entrega a España.

Choque diplomático

El Gobierno federal belga ha dejado claro que se respetarán sus derechos como los de cualquier otro ciudadano europeo. Y es que si el caso llega a los tribunales belgas el asunto podría reabrir fisuras entre Madrid y Bruselas. «No sería un asunto para la política sino la justicia. Podría luchar contra su extradición con el argumento de que no obtendría un juicio justo en España, y si el juez está de acuerdo y no se extradita a Puigdemont, supondría una gran batalla entre Bélgica y España», opina el profesor de derecho internacional de la KU Leuven, Jan Wouters.

Si Puigdemont no se presenta y la jueza decide emitir una orden tendría que enviar una notificación directa a las autoridades judiciales para su detención, que tendrán un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha de detención para entregar al expresident. En el caso de que el detenido accediera a ser extraditado, el plazo se reduciría hasta los 10 días. En la práctica, según datos de la Comisión Europea, cuando el detenido da su consentimiento el plazo medio de entrega oscila entre los 14 y los 16 días (3 días en el caso de Bélgica) aunque se puede prolongar a casi dos meses en los casos en los que se produce sin consentimiento (23 días en Bélgica).

Las últimas cifras confirman que cada vez son más las euroórdenes que se ejecutan, pero lo cierto es que no todas llegan a buen puerto. En el 2005, al año de su entrada en funcionamiento, los países de la UE emitieron 6.894 órdenes, pero solo se entregaron a 1.530 personas. En el 2014, se dispararon a 14.700, pero solo se entregaron 5.480. Y no se puede decir que Bélgica sea uno de los países más proclives a extraditar sin rechistar.

En 2013 las autoridades judiciales recibieron 621 órdenes de detención. Se detuvieron 81 personas pero solo se entregaron 37 mientras que los jueces denegaron la ejecución de 16 casos. Es decir, si Puigdemont opta por presentar batalla en Bélgica y su caso se judicializa, España podría no tenerlo tan fácil para lograr su extradición.