La exdiputada de la CUP, Mireia Boya, ha anunciado en su cuenta de Twitter que cerró su negocio familiar en septiembre del 2017, una casa rural en la Vall d'Aran, por "amenazas fascistas". La 'cupaire' asegura que recibió "amenazas de muerte y de quema de la casa" y que una familia de inquilinos "fue increpada" al abandonar la finca.

Boya mantiene que las intimidaciones comenzaron tras hacerse pública la ubicación de su establecimiento en dos artículos publicados por el periódico digital 'Okdiario'. Por ello, denunció ante los Mossos d'Esquadra a su director Eduardo Inda, a quien califica de "cloaca pura". Después puso el caso en manos del juzgado de la Vall d'Aran.

La exdiputada responsabiliza del "perjuicio económico" a Inda y asegura que no dio a conocer antes la situación "para no interferir en campaña electoral".