Eduardo Zaplana, el expresidente de la Generalitat valenciana, el exministro de Trabajo de José María Aznar y el otrora poderoso campeón, apodo con el que se le conocía, cayó ayer con todo el equipo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le detuvo por blanqueo, entre otros delitos, junto a algunos de sus más estrechos colaboradores. El PP le suspendió de militancia de forma cautelar y Telefónica canceló el suculento contrato que mantenía desde el 2008.

A Zaplana, que siempre presumió de hoja de servicios inmaculada de corrupción ante las muchas sospechas que salpicaron su carrera, se le imputan, en el marco de la operación Erial, posibles delitos de blanqueo de capitales y cohecho por haber tratado de repatriar cerca de 10 millones de euros que habría obtenido de comisiones ilegales en su etapa al frente del Gobierno valenciano. Las presuntas mordidas las podría haber logrado con la adjudicación de parcelas para parques eólicos y la privatización de las ITV. Al político murciano se le acusa también de un presunto delito fiscal y se le podría atribuir malversación de caudales públicos, aunque este último podría haber prescrito.

Tras asistir durante cerca de cinco horas al registro de su domicilio en una céntrica calle de Valencia, Zaplana salió del mismo sobre las dos de la tarde en un coche de la UCO. A las 19.40 horas, fue conducido a su chalet en Benidorm, donde tuvo lugar otro registro.

Zaplanza ya apareció en la operación Lezo, que mantiene en prisión al expresidente madrileño Ignacio González, con el que se habría asociado para blanquear dinero por medio de un abogado uruguayo, según la investigación del juez Eloy Velasco.

Otro de los nombres destacados de la larga jornada fue Juan Cotino, exdirector general de la Policía. La Guardia Civil le citó para declarar mañana como investigado en el marco de la trama. Sus sobrinos Vicente y José Cotino también fueron detenidos ayer. El primero tiene una condena por falsedad documental y delito contra la Hacienda pública junto a otro expresidente popular valenciano, José Luis Olivas, y fue uno de los empresarios que admitió pagos en negro en el juicio por las finanzas del partido.

Entre los arrestados también figuran Francisco García, que fue jefe de gabinete de Zaplana; Joaquín Barceló, exdirectivo de Terra Mítica, y su mujer, Elisa López. También Francisco Grau, asesor fiscal de Zaplana y exconsejero del parque temático como miembro de la CAM.

Zaplana es el tercer presidente valenciano con problemas con la justicia, tras sus dos sucesores, Olivas y Francisco Camps, que está imputado en dos casos que investigan la Fórmula 1.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, comentó en los pasillos del Congreso que aquella detención era «suficientemente grave y que no era casualidad», informa Iolanda Mármol. Además, apuntó que el partido tendría una reacción «enérgica», que llegó al suspenderle de militancia de forma cautelar. «El PP ha de tomar medidas sobre un hecho que reviste gravedad. El señor Zaplana lleva 10 años fuera de la política pero eso no implica que no tengamos que tomar una decisión drástica como la suspensión de militancia», señaló Maillo.

También reaccionó Telefónica, empresa por la que fichó en el 2008 Zaplana al abandonar la primera línea política y en cuyo consejo estuvo hasta el 2012. La compañía anunció que suspendía con carácter inmediato la relación laboral en el área de asuntos públicos que mantenía con Zaplana, «a la espera de conocer más detalles sobre su situación».

Por su parte, Manolo Mata, portavoz de los socialistas valencianos en las Cortes autonómicas, subrayó que el ministro había caído «por lo mismo que Al Capone, por blanqueo y evasión de impuestos» y remarcó que era «una noticia previsible», que podría haber ocurrido ayer, mañana o hace 18 años. «No es normal que alguien que se dedica a la cosa pública tenga enriquecimientos tan rápidos», deslizó.