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EL DESAFÍO SOBERANISTA

El fiscal general ordena imputar a los alcaldes que colaboren con el 1-O

En caso de que no comparezcan "se procederá a su detención" por los Mossos

 

El fiscal General del Estado, José Manuel Maza - JOSE LUIS ROCA

ÁNGELES VÁZQUEZ
13/09/2017

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha decidido que no es necesario esperar a que los alcaldes catalanes realicen alguna actuación concreta de apoyo al referéndum del 1 de octubre. Basta con que aparezcan en la lista de la Associación de Municipios por la Independencia, como firmantes del decreto en el que ponen a disposición del Govern sus locales, para que la fiscalía abra unas diligencias de investigación en las que, por medio de la policía municipal, citará como imputado al alcalde "en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización ilegal".

El listado, actualizado a fecha del día 12, incluye a 712 municipios de los alrededor de 950 que hay en Cataluña. Ante el gran número de municipios que firmaron el decreto "para poner a disposición del Govern de la Generalitat los locales municipales para organizar el referéndum", la fiscalía propone que se empiece a actuar contra los más de mayor población. En la relación aparecen, entre otros, Girona, Vic, Martorell, Manresa, Igualada, Berga y Tortosa.

La instrucción, dirigida a las fiscalías provinciales catalanas, acuerda que todos los regidores deberán declarar en la Fiscalía que corresponda en calidad de investigados y asistidos por un letrado. En el caso de que no comparezcan, el fiscal general señala que se procederá "a acordar su detención y presentación en Fiscalía". El arresto, según la Fiscalía General, deberán realizarlo los Mossos d'Esquadra "en el plazo más breve posible".

El escrito comienza recordando las resoluciones del Tribunal Constitucional de suspender las leyes en las que el Parlament pretendía sustentar el referéndum y la advertencia que, a través de la delegación del Gobierno se hizo llegar a todos los alcaldes catalanes, para que se abstuvieran de "iniciar, tramitar, informar o dictar cualquier iniciativa que suponga ignorar la suspensión acordada", porque contribuya a la consulta ilegal.

Delitos cometidos

La Fiscalía precisa que las "eventuales responsabilidades, incluida la penal", en la que podrían incurrir los alcaldes son los delitos de desobediencia, penado con multa e inhabilitación especial, por el incumplimiento de las resoluciones del Constitucional; prevaricación, castigado con inhabilitación especial, por "la adopción de de resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico, y malversación, penado con hasta ocho años de cárcel y hasta 20 de inhabilitación, por la suspensión de fondos públicos para "la realización de actividades delictivas".

La actuación fiscal se centrará en los municipios que han firmado el decreto en el que ponen a disposición del Govern locales. La orden recuerda que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, ambos ya querellados ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, han contactado con todos los municipios para exigirles que pongan lugares "a disposición del referéndum ilegal". 

La Fiscalía incluye a las policías locales

Las Fiscalías provinciales de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona han cursado nuevas instrucciones para incluir a las policías locales en las labores ya encomendadas a los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil en el sentido de que abran atestados e intervengan cualquier objeto del delito. El oficio ordena a los funcionarios de la Policía Local "practicar de forma inmediata las diligencias necesarias para acreditar los hechos delictivos y determinar las responsabilidades penales exigibles, así como cuantas les encomiende el fiscal".

Para evitar que el delito se cometa, los agentes "procederán directamente a adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal, requisando urnas, sobres electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución" de la consulta. Para obtener el mandamiento judicial necesario para ello deberán poner la actuación sospechosa en "inmediato" conocimiento de la Fiscalía.