Será «probablemente» hoy por la mañana cuando una delegación de fiscales españoles se reúna con homólogos alemanes en la sede de la agencia europea para la cooperación judicial, Eurojust, sita en la ciudad de La Haya. El motivo y alcance de la cita, de la que oficialmente no trascenderá ni un solo dato, no es otro que abordar la euroorden dictada por el Tribunal Supremo contra Carles Puigdemont después de que la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein descartara el delito de rebelión y planteara dudas sobre el de malversación de caudales públicos. Los fiscales intentarán que el cónclave permita acelerar la entrega del expresidente catalán con la aportación de más información para que los representantes de la acusación popular germana refuercen ante el tribunal las tesis en favor de los delitos señalados por el juez Pablo Llarena. Ayer ya hubo contactos entre ambas partes para preparar el encuentro.

CARGO DESESTIMADO

La Fiscalía de Schleswig-Holstein, el estado federado por donde entró Puigdemont en Alemania el 25 de marzo y donde fue detenido, resolvió hace una semana pedir a la Audiencia Territorial del mismo land su extradición a España. En su resolución respaldaba en todos los puntos la petición del Tribunal Supremo español al tiempo que pedía mantenerlo en la cárcel de Neumünster al líder de JxCat. Dos días después, la Audiencia germana resolvió desestimar el cargo de rebelión y decretó la libertad condicional de Carles Puigdemont, bajo fianza de 75.000 euros. En esa resolución se requería asimismo información adicional y concreta a las autoridades españolas sobre la acusación de malversación, por valor de 1,6 millones de euros.

En una rueda de prensa celebrada ayer, la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, consideró que la justicia alemana actuó «de acuerdo a las reglas» en el caso de la entrega a España de Carles Puigdemont. Vera Jourová subrayó que los expertos de su equipo no le han alertado «sobre ninguna aplicación errónea de la euroorden» y descartó que la Comisión Europea esté planeando ampliar la lista de delitos por los que se puede cursar una euroorden, una negativa que ya había expresado en diciembre después de que España considerara que la lista había quedado «obsoleta». «No tengo ningún requerimiento de este tipo. Tuvimos algo de debate con los colegas españoles el año pasado, pero en este momento no estamos continuando este diálogo», explicó.

«DISCREPANCIA JURÍDICA»

El Gobierno intentó minimizar ayer en el Congreso el daño a la imagen de España que ha supuesto dicha resolución sobre Puigdemont. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, evitó cualquier crítica a los magistrados alemanes que rechazaron el delito de rebelión, minimizó su impacto y circunscribió la cuestión a una mera «discrepancia jurídica», informa Juan Ruiz Sierra.

«La imagen de España no se encuentra empañada, en absoluto. Somos un Estado de Derecho que respeta la división de poderes. Las discrepancias jurídicas son eso, discrepancias jurídicas, que deben resolver los jueces y no tienen nada que ver con la valoración de la democracia española, que es muy alta», afirmó Catalá a preguntas de Lucía Martín, de En Comú Podem.

La diputada del partido morado acusó al Ejecutivo de «aislar» a España y convertirla en una «anomalía en Europa». Poco después el portavoz del PDECat en el Congreso, Carles Campuzano, afirmó: «Usted no puede minimizar la sentencia del tribunal alemán. Es un varapalo tremendo a la estrategia judicial. Europa está diciendo que no hay violencia, que no hay rebelión y que no tiene sentido ordenar prisiones provisionales. Tengan el coraje político de rectificar». Catalá respondió que en España no hay presos políticos y afeó a Campuzano que luciera un lazo amarillo en la solapa, algo que el minsitro consideró una «provocación».