La Fiscalía de Schleswig-Holstein ha vuelto a pedir este martes que se extradite al ‘expresident’ catalán Carles Puigdemont a España para que sea juzgado por el delito de rebelión. Tras haber evaluado la nueva información aportada por los fiscales españoles durante estas últimas semanas este órgano considera que hay pruebas para que el líder independentista también sea juzgado por alteración del orden público.

Aún así, el tribunal regional ha denegado la petición del fiscal y ha confirmado que el dirigente de Junts per Catalunya (JxCAT) no deberá ingresar en laprisión y podrá seguir en libertad bajo fianza al considerar que no se ha incrementado el riesgo de fuga.

Sin embargo, esa petición no tiene porqué cumplirse. El pasado 3 de abril la misma fiscalía de Schleswig-Holstein solicitó la extradición de Puigdemont avalando las tesis del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en las que se incluían los cargos por rebelión y malversación de fondos públicos. Dos días más tarde la Audiencia Territorial del ‘land’ donde Puigdemont fue detenido el 25 de marzo desestimó la solicitud al considerar que no hubo violencia, requisito clave para el delito alemán dealta traición.

Así, tras la nueva petición de la fiscalía regional el balón pasa a estar en el tejado del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, que deberá decidir que hace con el líder independentista. Una decisión que aún no tiene fecha.

EL FUTURO DE PUIGDEMONT

Como en abril la decisión de este órgano será trascendental para determinar el futuro del ‘expresident’. De autorizar la extradición, los abogados de Puigdemont podrían presentar un recurso frente al Tribunal Constitucional alemán para intentar frenar ese proceso, lo que alargaría aún más la incertidumbre.

Sin embargo si el tribunal rechaza de nuevo la entrega de Puigdemont a la judicatura española por el caso de rebelión, castigado con una sentencia de hasta 30 años de prisión, solo se le podría juzgar por un cargo menos pesado como es la malversación de fondos públicos. Ese caso se podría dar si el tribunal entiende que sigue sin haber pruebas constitutivas de delito o que se aleguen defectos formales en la causa emitida desde Madrid.

La existencia de ese delito también ha sido puesta en duda después de que el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, asegurase que la Generalitat no invirtió fondos públicos para la realización del referéndum del pasado 1 de Octubre.