La fiscalía de Tarragona ha abierto diligencias informativas con respecto al acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Rasquera (Ribera d'Ebre) de autorizar una plantación de cannabis, informa la Fiscalía Superior de Cataluña en un comunicado.
Asimismo, la fiscalía recuerda que independientemente de sus actuaciones en el ámbito penal, de forma paralela y complementaria corresponde a la Delegación del Gobierno central y a la Generalitat la impugnación y el control de la legalidad administrativa de los acuerdos municipales.
El ministerio público ha reclamado este mismo viernes por la mañana al consistorio el expediente administrativo y toda la información relativa al proyecto. El alcalde de Rasquera, Bernat Pellisa (ERC), ha declarado que está "encantado" con la petición y que la atenderá con voluntad de "transparencia".
También el fiscal antidroga
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, también ha anunciado este viernes que la Fiscalía Antidroga examina el proyecto. "Una vez que fije posiciones y me las transmita actuaremos en consecuencia", ha añadido.
La Subdelegación del Gobierno en Tarragona ha requerido asimismo este viernes al ayuntamiento el envío de toda la información referida al acuerdo.
Por su parte, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín, ha anunciado que la Abogacía del Estado estudia impugnar la decisión del ayuntamiento. Babín ha denunciado "la perversión del lenguaje" que emplea el consistorio para defender una actuación que "cumple desde todas las perspectivas la condición de un delito".
El "maquillaje" municipal
En su opinión, no se puede recurrir al argumento de que en España existe un "resquicio legal" para justificar esta postura, porque en este país esté despenalizado el "autoconsumo" y el cultivo privado de cannabis, cuando se está hablando de una entidad que tiene 5.000 socios, una plantación de siete hectáreas y un beneficio de más de un millón de euros en dos años.
El delegado ha advertido que el Ejecutivo "va a movilizar todos los recursos posibles para impugnar un acuerdo" que espera que no llegue a tener efecto, con el objetivo de "defender la salud pública". Sin entrar en las actuaciones que considere pertinentes la Generalitat, Babín ha esgrimido que el convenio es "nulo de pleno de derecho" porque no está sustentado en la ley, "por mucho que el Ayuntamiento se empeñe en maquillarlo con un intento de superar el déficit de sus arcas municipales".
Firma del convenio
Mientras, el ayuntamiento percibe este viernes los primeros 30.000 euros del convenio con la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA). Pellisa y el presidente de la ABCDA, Vojislav Djordjevic, firmaron este jueves por la noche el contrato, aprobado en el pleno del miércoles, por el que el consistorio recibirá 6.000 euros más dentro de un mes y 1,3 millones en los próximos dos años, informan fuentes municipales, que calculan que el proyecto creará además 40 puestos de trabajo.
