Hace unas semanas, un grupo de periodistas le preguntó (por enésima vez) a Mariano Rajoy en los pasillos del Congreso cuándo va a designar oficialmente a Camps como candidato para el 2011. La respuesta fue de nota: "Cuando me interese". Afortunadamente, algunos de sus colaboradores ayudaron a interpretar tan altanera e inconcreta respuesta al admitir que al PP le conviene ganar tiempo --y por tanto apurar al máximo los plazos-- para la presentación de candidaturas. Las fuentes consultadas apuntan que cuantos más meses se apuren para nombrar a los candidatos, más posibilidades tienen de saber si el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) lleva o no a Francisco Camps a juicio por el famoso caso de los trajes.
Menos prisa
Pero el juez que lleva este caso, el magistrado José Flors, parece no tener tanta prisa como los populares. Además de intentar ponerse de acuerdo con los tribunales de Madrid para repartirse el caso Gürtel, sigue pidiendo, como también hace el juez de Madrid Antonio Pedreira, informes a Hacienda y a la policía para intentar averiguar si hubo regalos (principalmente prendas de vestir y complementos de lujo) de la red investigada a cargos públicos. O sea, si hay o no fondo de armario corrupto en el Partido Popular.
Dos de esos informes se han conocido esta semana en Valencia. Como era previsible, han soliviantado a los políticos de esa comunidad. El último dossier que han elaborado los peritos de Hacienda, por orden de José Flors, deja en evidencia que, o las tiendas donde supuestamente se compraron los trajes para Francisco Camps y sus colaboradores llevan mal su contabilidad y la anotación de sus pedidos ("la documentación presenta deficiencias y discrepancias", dicen los técnicos), o algunos de los implicados en el caso se molestaron en no dejar pistas sobre qué prendas encargaban, para quién eran y, lo más importante, quién pagaba. Según los conservadores, esta lectura les beneficia. Los socialistas valencianos discrepan.
Detalles de los regalos
No obstante, hay otro informe de la policía --requerido en este caso por el magistrado Antonio Pedreira-- que considera "reales" los apuntes contables hallados en Orange Market (empresa valenciana de la red Gürtel) en los que se detallan hipotéticos regalos para Francisco Camps, su familia y sus colaboradores. Se basa en facturas facilitadas por establecimientos como Louis Vuitton, Loewe o la Joyería Iborra.
El caso es que el reloj judicial sigue adelante; Rajoy gana tiempo y populares y socialistas valencianos continúan debatiendo sobre el fondo de armario del presidente Camps en sede parlamentaria (lo hicieron el pasado jueves) o ante los micrófonos. A eso hay que sumar los juicios del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y la lista de imputaciones por corrupción que ha provocado otro caso en Alicante, el Brugal. Los tribunales están que arden.
