La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cinco exmiembros de la Mesa d e la Cámara serán interrogados este jueves por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llanera por la querella presentada contra ellos por la fiscalía por rebelión, en la que se les acusa de haber "dinamitado" los "cimientos del Estado" con sus actos -como permitir la tramitación de la propuesta de declaración de independencia-, realizados "con absoluto desprecio" a la Constitución y proclamando la separación de una parte de España. Las declaraciones se aplazaron la semana pasada para que los abogados pudieran preparar la defensa.

Siguiendo el criterio expuesto por el ministerio público con el exvicepresidente Oriol Junqueras y los 'exconsellers' en la Audiencia Nacional, se espera que la fiscalía pida prisión para los investigados salvo para Joan Josep Nuet (Catalunya Sí que es Pot) -a quien se le podría solicitar una fianza-, sobre todo si optan por no declarar y no desmarcarse de la desobediencia a la Constitución que se les atribuye. Nuet ha expresado su "pertinaz oposición al proyecto independentista". En anteriores declaraciones judiciales, Forcadell se remitió a la inviolabilidad parlamentaria.

Junto con Forcadell, defendida por el abogado Andreu Van de Eynde, también declararán Anna Simó (ERC), representada por el mismo letrado, y los miembros del PDECat Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet, asistidos por Javier Melero. Habrá que ver si se desmarcan de la estrategia de Junqueras y los ‘consellers’ encarcelados por la Audiencia que solo contestaron a sus abogados. Nuet sí pretende esclarecer lo que considera "errores" de la querella, dado que se le imputa haber votado a favor de la tramitación de la ley de transitoriedad y de la resolución de independencia, cuando en realidad se abstuvo en el primer caso y se mostró contrario al segundo.

Acto político

Esta será la tercera vez que Forcadell comparezca ante un juez. La primera lo hizo en diciembre del 2016 en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por haber permitido que se votaran las conclusiones de la comisión del proceso constituyente. "Si en la calle se puede hablar de la independencia, ¿por qué no en el Parlament?", afirmó entonces. Y detalló que permitió la tramitación porque era un "acto político", que cumplió con el reglamento de la Cámara. Se remitió a su obligación de defender la "inviolabilidad" de los diputados.

A esa inviolabilidad volvió a referirse Forcadell en mayo, en su segunda comparecencia en el TSJC. La fiscalía la acusó de haber permitido la tramitación de la resolución que abogaba por convocar un referéndum. Negó haber transgredido decisión alguna del Constitucional y sostuvo que las resoluciones de la cámara catalana están orientadas a "cristalizar" los debates de los diputados.