El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ha aplazado hasta el próximo 9 de noviembre, jueves, las comparecencias de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los otros cinco miembros de la Mesa de la Cámara catalana, según fuentes jurídicas.

Junto a Forcadell, los otros acusados son Lluís Maria Corominas, exvicepresidente primero de la Mesa y expresidente del grupo parlamentario de Junts Pel Sí (JxS); Lluís Guinó, exvicepresidente primero de la Mesa y diputado de JxS; Anna Simó, exsecretaria primera de la Mesa y diputada de ERC; Ramona Barrufet, exsecretaria cuarta de la Mesa y diputada de JxS, y Joan Josep Nuet, exsecretario tercero de la Mesa y exdiputado de Catalunya Sí Que Es Pot.

Llarena ha acordado la suspensión de las comparecencias previstas para hoy y mañana y su posterior aplazamiento a petición de los abogados de los diputados del Parlament, investigados por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación. El 9 de noviembre es festivo en Madrid (la Almudena), pero el alto tribunal mantendrá la actividad.

Los abogados defensores, entre ellos también Enric Leiva, que erepresenta a Nuet, ha solicitado que se incorpore una serie de documentos antes de la declaración de los investigados, a lo que el magistrado ha respondido que el jueves declaren y después ya decidirán. Este abogado ha presentado, además, un escrito poniendo relieve supuestos errores de la querella de la fiscalía respecto a su cliente y, en concreto, sobre lo que votó tanto en la junta de portavoces como en el pleno en el que se declaró la independencia.

La fiscal encargada del caso es Consuelo Madrigal, la exfiscala general del Estado. El juez instructor, Pablo Llarena, fue presidente de la Audiencia de Barcelona y conoce a la perfección la realidad catalana.

Tanto a la entrada como a la salida del Tribunal Supremo, Forcadell y los otros Miembros de la Mesa del Parlament han sido aplaudidos por un grupo de personas, mientras otros con banderas españolas les abucheaban y gritaban "a prisión, a prisión". Los seguidores de la presidenta del Parlament la han despedido de la sede del alto tribunal con "libertad, libertad". Forcadell se ha ido en un coche oficial y el resto en taxi.

La fiscalía atribuye a todos los querellados el delito de rebelión al entender que los "cimientos del Estado de Derecho han sido dinamitados" con sus actos (la tramitación de la propuesta de declaración de independencia, entre otros), realizados "con absoluto desprecio" a l Constitución y proclamando la separación de una parte de España, que es "patria común e indivisible de todos los españoles".