La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la secretaria primera de la Mesa, Anna Simó, pretenden que la justicia europea se posiciones sobre las actuaciones del Tribunal Constitucional en contra del órgano de gobierno de la Cámara catalana a cuenta del referéndum independentista del 1 de octubre.

En su recurso contra la querella presentada por la fiscalía por la admisión a trámite de la ley del referéndum, Forcadell y Simó piden al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que, en caso de no estimar el recurso, plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE para que valores la "posible incompatibilidad entre las órdenes y mandatos emitidos por el TC a la Mesa del Parlament en relación con el drecho a la libertad de expresión, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la garantía de involabilidad parlamentaria".

La defensa de la presidenta esgrime el "contexto de amenaza al Parlament" por parte del TC y la fiscalía con el objeto, subraya, de impedir el debate. "Aquí está en juego la democracia, los derechos a la libertad de expresión y de iniciativa política, así como los derechos que indirectamente se manifiesten en cada uno de los temas tratados: autodeterminación de los pueblos, dignidad, respeto, prohibición de discriminación, etc".

Por otra parte, Forcadell propone la recusación de Jesús María Barrientos, Carlos Ramos, Mercedes Armas y Maria Eugènia Alegret, magistrados del TSJC, por haber "intervenido previamente en decisiones que afectan a su imparcialidad".