Anna Gabriel permanecerá en Suiza y no acudirá a declarar hoy ante el Tribunal Supremo (TS) en la causa por rebelión en la que está citada, una decisión que choca frontalmente con la estrategia judicial esgrimida por la también exdiputada de la CUP, Mireia Boya. El abogado de Gabriel y exdiputado cupaire, Benet Salellas, presentó un escrito al TS señalando que no se personará porque cree que «no tiene garantizado el derecho a un juicio justo». Una vez se confirme su ausencia en el juzgado, el juez instructor Pablo Llarena dictará hoy mismo la orden de detención nacional e internacional, paso previo a pedir al país helvético su extradición.

Los anticapitalistas reivindican públicamente la disparidad de maniobras ante el juez instructor Pablo Llarena, alegando que la de Boya responde a un «criterio de defensa política» mientras que la de Gabriel «abre un proceso de lucha internacional en Ginebra», y aseguran que ambas decisiones han sido tomadas «colectivamente»». Aun así, fuentes del partido señalan que hay resquemor por no actuar al unísono, cuando lo que piden al independentismo es defenderse conjuntamente ante la justicia.

El propósito de la CUP con la marcha de Gabriel al país helvético es clara: «dificultar» el procedimiento judicial y «provocar» la reacción de actores internacionales. Parece evidente que uno de los objetivos es poner entre las cuerdas a la comunidad europea, de ahí que la elección de Ginebra no sea casual y pretenda «generar un foco de presión» al Estado.

Arropado por la plana mayor del partido, Benet Salellas mantuvo en rueda de prensa en Barcelona que Gabriel «no ha huido» sino que «ha buscado refugio debido a una persecución política», y destacó que la exdiputada velará desde el exterior para «internacionalizar el procés». Hurgó en lo que considera un «juicio de país», porque cree que la justicia que busca «la venganza y humillación de todo el pueblo de Cataluña» al «no juzgar hechos, sino proyectos políticos». «Si nos pudiesen imputar cadena perpetua, nos la imputarían»», remató. Preguntado sobre cómo costeará su estancia, Salellas respondió que se le dará «una solución compartida y colectiva».

Dado que la exdirigente cupaire se encuentra en Suiza (donde tampoco rigen las euroórdenes), Llarena deberá cursar una petición de extradición al país helvético después de efectuar la orden de detención. Esta solicitud puede efectuarse de manera inmediata, aunque el juez podría esperar a dictar el auto de procesamiento, previsto para el mes de marzo, y entonces cursar en él tanto la petición de extradición de la exdiputada de la CUP como las euroórdenes contra el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers que se desplazaron a Bélgica.

De tramitase la extradición, la defensa de la cupaire ya ha anunciado que solicitará asilo político. Ahora bien, el Gobierno suizo rechazó «a priori» aceptar esta eventual petición al «tratarse de delitos políticos». En una entrevista en el periódico suizo Le temps, Gabriel mantuvo estar procesada «por su actividad política», al tiempo que escudó su negativa a presentarse ante el juez Llarena censurando que «la prensa del Gobierno ya le ha condenado». Reivindicó su «actitud pacífica» durante la campaña por el referéndum del 1-O y reprochó que en los informes presentados por la Guardia Civil se la dibuje como una «activista feroz» que alienta a la «desobediencia».

Por otra parte, los focos se centraron también ayeren el expresidente catalán Artur Mas, ya que acudió a declarar al Supremo. Mas coincidió con varios de los imputados en la causa por rebelión, sedición y malversación que le han precedido a la hora de declarar ante Pablo Llarena y afirmó que «la declaración» unilateral de independencia de Cataluña «fue puramente simbólica» y sin efectos, pero se distanció de ellos al añadir que el 1-O «hubo un referéndum», del que dijo que no era partidario.

Tras declarar, el expresidente catalán quedó en libertad sin medidas cautelares, con la obligación de presentarse siempre que sea llamado.