El Gobierno aprobará previsiblemente el próximo viernes el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, unas cuentas públicas que contarán con un techo de gasto no financiero de 129.060 millones de euros, y con las que se pretende enmarcar un crecimiento económico de alrededor del 2%.

Este límite en el gasto supone una reducción del 3,2% respecto al establecido para el año anterior, lo cual no significa que se vayan a hacer nuevos ajustes presupuestarios ni que se vaya a reducir el gasto de los ministerios en la misma proporción, según el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

Para cuadrar las cuentas y conseguir pasar de un déficit público estimado en el 5,5% del PIB en 2014 a un 4,2% en 2015 sin ajustes adicionales, tendrá una gran importancia la entrada en vigor de la reforma fiscal, con la que se pretende estimular la economía y el consumo.

El presupuesto con el que el Gobierno quiere afianzar la recuperación tras siete años de crisis estará basado además en un cuadro macroeconómico que elevará las previsiones de crecimiento de PIB al entorno del 1,5% para 2014 y al del 2% para 2015.

Hasta este momento se estima un aumento del PIB de 1,2% para este ejercicio y del 1,8% para el próximo, aunque el Gobierno ya ha adelantado que elevará sus cálculos tanto de crecimiento como de empleo.

Por primera vez el proyecto de presupuesto recogerá la aplicación del nuevo índice de revalorización de las pensiones, ya que cuando se presentaron las cuentas de 2014 la reforma no estaba todavía en vigor, aunque se usó como guía para subirlas el mínimo garantizado del 0,25%.

Para 2015 es posible que la subida sea la misma, puesto que la fórmula de revalorización tiene en cuenta, entre otros parámetros, los ingresos y gastos de la Seguridad Social, que se prevé que cierre el año con un déficit en torno a 10.000 millones (1% del PIB).

Por otro lado, se despejará la incógnita de si el salario de los funcionarios crecerá o se mantendrá congelado por quinto año consecutivo.

Otro elemento que afecta al empleo público es la tasa de reposición, que el Gobierno está planteándose elevar en 2015 por encima del 10% en aquellos que considera servicios públicos esenciales (educación, sanidad, fuerzas de seguridad y orden público, y control y lucha contra el fraude).

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, preguntada el pasado viernes por la posibilidad de que en los próximos presupuestos se compense a los empleados públicos por la supresión de la paga extra de diciembre de 2012, recordó que es una cuestión sometida a un recurso en el Tribunal Constitucional.

En todo caso, el Gobierno buscará el consenso con las fuerzas parlamentarias en torno al proyecto de presupuestos una vez llegue al Congreso, seguramente el lunes día 29 de septiembre.

Según el calendario previsto, del 30 de septiembre al 2 de octubre se celebrarán comparecencias sobre presupuestos; del 21 al 23 de octubre habrá debate de totalidad; del 4 al 6 de noviembre se debatirá en comisión el dictamen del proyecto; del 11 al 13 irá a pleno; y del 16 al 18 de diciembre se producirá la aprobación final.

En el periodo que transcurre entre el debate en pleno del dictámen y la aprobación definitiva (de mediados de noviembre a mediados de diciembre) el proyecto pasa al Senado, donde será sometido a las mismas fases de tramitación.

Cuando se debatió y votó el techo de gasto en el Congreso el pasado mes de junio, la oposición (salvo UPN, que votó con el PP, y UPyD, que se abstuvo) manifestó su rechazo al límite fijado por el Gobierno para 2015 y a los objetivos de déficit comprometidos hasta 2017 porque a su juicio conducirán irremediablemente a nuevos recortes que dificultarán la recuperación económica.