La decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de aplazar el intento de investidura de Carles Puigdemont fue bien acogida ayer por el Gobierno central, que consideró que de esta manera se evitaba «una burla» a la democracia. El Ejecutivo no quiso entrar en que la candidatura del expresident, huido a Bélgica y acusado de sedición, rebelión y malversación, sigue formalmente viva. Para el PP, Puigdemont es un «zombi», un «cadáver político», según afirmó su portavoz parlamentario, Rafael Hernando. Desde el PSOE, en cambio, su secretario general, Pedro Sánchez, se centró en el mantenimiento de la investidura del expresidente para cargar contra la iniciativa de Torrent. «Es desafortunada», lamentó Sánchez.
Para el Gobierno, «el respeto a la legalidad y el aplazamiento del pleno» por parte del presidente del Parlament es «la consecuencia obligada de la actuación del Estado de derecho, tanto por la acción del Gobierno como de los tribunales».
INVESTIDURA FRAUDULENTA
Según fuentes del palacio de la Moncloa, ese pleno iba a investir a Puigdemont «de manera fraudulenta», por lo que se ha evitado «una burla» a la democracia gracias al recurso del Ejecutivo y las medidas cautelares acordadas el sábado por el Tribunal Constitucional.
El socialista Pedro Sánchez fue más crítico con Torrent. «Tiene que responder no a una parte del Parlament, sino al conjunto de fuerzas representadas. Estamos viendo al independentismo renunciar a gobernar Cataluña. El independentismo antepone los intereses de un catalán prófugo al conjunto de intereses de los catalanes, que necesitan un gobierno que se vuelque en resolver sus problemas cotidianos: la educación, la sanidad, la dependencia, la industria, los puestos de trabajo… Deberían haber propuesto a un candidato posible, viable para gobernar Cataluña. El señor Puigdemont no lo es», subrayó el líder del PSOE.
