El Gobierno está totalmente decidido a impedir que los piquetes de los sindicatos impidan a los trabajadores acudir a sus puestos de trabajo el próximo 29 de marzo, día en que las centrales sindicales han convocado una huelga general.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, el Ejecutivo considera que quien quiera hacer la huelga está en su derecho y puede hacerla. Pero el Gobierno no está dispuesto a que se impida acudir al trabajo a quien no desee parar ese día.

Por ello, la intención es que las fuerzas de seguridad actúen desde primera hora de la madrugada para evitar que los piquetes bloqueen los transportes, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que es el mejor termómetro para determinar si la huelga ha tenido éxito o no. No obstante, también se tratará de impedir la acción de los piquetes en el resto de España. Para ello, será imprescindible la coordinación entre el Ministerio del Interior y las diferentes delegaciones del Gobierno.

REUNION DE COORDINACION CON DELEGADOS DEL GOBIERNO

Una coordinación que ha comenzado ya a ser efectiva, tras un primer encuentro mantenido en Moncloa el lunes de esta misma semana con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la presencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y los diferentes delegados del Gobierno.

En ese encuentro se fijaron instrucciones sobre cómo afrontar las manifestaciones, protestas y actos violentos que el Ejecutivo prevé que se puedan producir en las próximas fechas, máxime, con la convocatoria de una huelga general.

Además, con este encuentro se trató de unificar criterios e impulsar una especie de código de conducta común en toda España que evite que se repitan episodios como los de hace dos semanas en Valencia durante las protestas estudiantiles contra los recortes en Educación, que se saldaron con una veintena de detenidos.

LA HUELGA GENERAL, SIN COSTE POLITICO PARA RAJOY

Tanto el Gobierno como el PP ya contaban con que los sindicatos convocarían una huelga general. De hecho, el propio Mariano Rajoy ya vaticinó en el Consejo Europeo de enero, en una conversación que captaron los micrófonos, que la reforma laboral le costaría una huelga general.

Sin embargo, en las filas del PP consideran que la huelga general del 29 de marzo no tendrá coste político para Mariano Rajoy. Fuentes 'populares' aseguraron a Europa Press que lo que realmente preocupa al Gobierno y el partido es el daño que puede hacer la huelga a la imagen exterior de España.

En este sentido, el Ejecutivo de Mariano Rajoy teme que esta convocatoria afecte a las inversiones españolas, según las fuentes consultadas, que recuerdan que la oleada de huelgas y protestas en Grecia han provocado un descrédito internacional, sin que nadie en este momento quiera invertir en el país heleno.