El Gobierno ha emitido un comunicado en respuesta a la carta que el 'president' ha enviado a la Moncloa en la que advierte de que si el Gobierno aplica el artículo 155, el Parlament declarará la independencia.

El Ejecutivo señala en su respuesta que "continuará con los trámites previstos en el artículo 155 para restaurar la legalidad en el autogobierno de Catalunya". Para ello celebrará el próximo sábado un Consejo de Ministros extraordinario en el que se aprobarán "las medidas que se elevarán al Senado con el fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Catalunya, y restaurar el orden constitucional en la Comunidad Autónoma".

"El Gobierno agradece el apoyo de las distintas formaciones políticas con las que está cerrando en estos momentos una respuesta mayoritaria y consensuada al desafío secesionista. Por otra parte, denuncia la actitud mantenida por los responsables de la Generalitat de buscar, deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional a pesar del grave daño que se está causando a la convivencia y la estructura económica de Cataluña. El Gobierno pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes

la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña", añade el comunicado.

La respuesta del PP

Por su parte, el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, ha señalado que la respuesta del Govern es "más de lo mismo". "La cuestión es muy sencilla: legalidad sí o legalidad no. El Estado de derecho debe utilizar los mecanismos de defensa del propio Estado de derecho. No se trata de suspender la autonomía, se trata de volver a la legalidad. El Estado de Derecho no puede admitir ningún chantaje", ha dicho Barreiro en TVE.

El Ejecutivo ofreció el miércoles al 'president' desactivar la puesta en marcha del artículo 155 si convocaba unas elecciones autonómicas, pero el PDECat le dió vía libre para activar la DUI si la otra parte aplicaba precisamente el precepto de la Constitución que permite suspender competencias autonómicas.

La intención del PP y el PSOE, no obstante, es tramitar el 155 con calma, para dar tiempo suficiente al jefe del Govern a replantearse la situación.