El Gobierno y el PSOE cuidan mucho el modo en que, públicamente y en estas horas de cuenta atrás, le reclaman a Carles Puigdemont un adelanto de elecciones. Pero en privado, tanto el entorno de Mariano Rajoy como el de Pedro Sánchez admiten que una convocatoria de comicios inminente podrían ser una tercera vía entre el reconocer que no hubo declaración de independencia o dar marcha atrás -como se le requiere al Gobierno catalán,- y la aplicación del temido artículo 155 de la Constitución.
«Si Puigdemont no quiere ir más allá en su respuesta al requerimento, que convoque elecciones. Tendrá que disolver el Parlament y podemos dar por hecho que con eso que se cumple la solicitud de que garantice que no desplegarán las leyes de desconexión y sus consecuencias», apuntan fuentes gubernamentales. También los socialistas consideran que de todos los escenarios que se pueden dar en los próximos días, el adelanto electoral por parte de Puigdemont es el mejor.
«Esa convocatoria despejaría muchas dudas. Permitiría volver al Estatut y a la Constitución, sin tener que acudir a vías ni habituales ni normalizadas», señalan fuentes de la dirección del PSOE, en referencia a la posible aplicación del 155, que permitiría al Gobierno suspender competencias autonómicas.
POSICIÓN MÁS CÓMODA
De hecho fuentes cercanas a Pedro Sánchez añaden que la garantía de nuevos comicios permitirían al presidente catalán librarse del peso de responder oficialmente sobre la independencia, algo que le colocaría en posición más cómoda a ojos de su electorado. «Nadie quiere sentirse avasallado ni humillado. El Gobierno no debería buscar la humillación. Entre otras muchas cosas, porque no funciona», explica un miembro de la ejecutiva del PSOE.
Sin embargo no hay indicios en estos momentos que hagan pensar que Puigdemont pueda acogerse a esa tercera vía, pese a que el expresident Artur Mas confesó que, en las horas previas a la comparecencia del president en la Cámara catalana, la precipitación de elecciones fue una opción sobre la mesa. Incluso los más pesimistas de la Administración central advierten de que confirmar la secesión y convocar justo después comicios podría ser un escenario todavía más dañino que el actual.
EL CONTENIDO DE LA CARTA
Quizás por eso y por el contenido de la carta que desde la Generalitat se envió al presidente, las declaraciones públicas que se hicieron este lunes a contrarreloj desde el Ejecutivo central, como ocurrió con las del PSOE o las de Ciudadanos, fueron enfocadas al cierre de filas en la potencial aplicación del 155 de la Carta Magna, mientras que Podemos se opuso frontalmente a la medida. No en vano Rajoy y Sánchez, que volvieron a hablar este lunes, tienen perfilado casi por completo cómo se aplicaría ese artículo, tanto en líneas generales como en plazos, si Puigdemont no pisa el freno antes del jueves a las diez de la mañana: le exigen que diga que no declaró la independencia o que se retracte. De no haber rectifiación (o convocatoria de elecciones) habría aplicación del precepto constitucional «lo más limitada posible» y tendrá por objetivo convocar nuevas elecciones en la comunidad. «Nos preguntamos si Puigdemont deja otra salida más allá de la aplicación de ese precepto. Si se aplica, el único responsable será Puigdemont. Tiene una salida fácil antes del jueves: volver a la legalidad», transmitió el portavoz del PSOE, Óscar Puente, tras la ejecutiva del partido. Para el PSOE, el 155 es un instrumento que permitirá reconstruir el autogobierno de Cataluña, donde a su juicio, el Gobierno catalán ha dejado de gestionar los problemas de la sociedad para embarcarse rumbo al independentismo.
Ciudadanos maneja un tono más duro. Su presidente, Albert Rivera, conversó también con Rajoy y le pidió que actúe ya con firmeza, convencido de que defender la Constitución en Cataluña «no es una opción, sino una obligación». En las antípodas, Podemos. El partido de Pablo Iglesias critica el 155 y rechaza la convocatoria electoral como una vía de salida a la crisis. Consideran los morados que adelantar comicios no resolvería la situación y sostienen que si Ciudadanos lo propone es por un mero interés partidista.
Los de Iglesias creen que resulta «evidente» que Puigdemont no declaró la independencia el martes pasado y por ello acusan a PP y PSOE haber decidido «de antemano» la aplicación del 155, una medida que, opinan, solo «aleja al pueblo catalán de España».
