El Gobierno y el PSOE no quieren opinar públicamente sobre la decisión de la Fiscalía y del Supremo en torno a la Mesa del Parlamento de Cataluña. Se limitan a decir oficialmente que respetan lo que haga el tribunal con Carme Forcadell y el resto de sus compañeros en este órgano de la Cámara. Sin embargo, tanto en la Moncloa como en el partido de Pedro Sánchez se admite que la mejor opción en estos momentos es que salgan con medidas cautelares y no se repita la situación que se dio en la Audiencia Nacional hace unos días, de la que varios exconsejeros catalanes salieron dirección a prisión sin posibilidad de fianza.

Fue el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien dijo a primera hora de ayer que respetaría la decisión que se adoptase en el Supremo, una vez que los parlamentarios catalanes imputados que debían declarar ante el juez instructor Pablo Llarena por rebelión, sedición y malversación en el marco de la declaración unilateral de independencia lo hubieran hecho.

«Los jueces tienen una función que marca nuestra Constitución y yo la respeto, sea cual sea su decisión, me guste más o menos», opinó desde Salamanca, donde acudió para acompañar al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en un acto en la universidad.

«QUE VUELVA PUIGDEMONT»

Pero desde su entorno no se ocultaba, como ha sucedido en días previos, que los populares hoy por hoy prefieren enfrentar las elecciones en Cataluña con los miembros de la Generalitat y el Parlamento catalán en la calle. Desde el PSOE, el eurodiputado Ramón Jáuregui admitió en la cadena SER que sería «muy recomendable» que en el marco de la campaña electoral previa al 21-D «nadie tenga el plus ventajista de enarbolar su encarcelamiento como un elemento sentimental favorable a sus proclamas».

En este contexto, Jáuregui hizo un llamamiento al expresidente Carles Puigdemont para que abandone Bruselas y regrese ya a España, para así atender a la reclamación de la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que ordenó su detención por no haber atendido su cita judicial para ir a declarar por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. «Si volviera [...] favorecería la libertad de sus compañeros» de gobierno, concluyó.