La Guardia Civil ha procedido a cerrar la web del referéndum (www.referendum.cat), según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes del Govern y judiciales. Los agentes se han personado en la empresa CDMon de Malgrat de Mar para entregar un mandamiento judicial que ordena su cierre. Carles Puigdemont, pocos minutos después, comunicó, vía Twitter, que el Govern ya había abierto otra página (www.ref1oct.cat i www.ref1oct.eu) donde se ha replicado el contenido de la web cerrada.Dicho de otro modo, el Govern esperaba este movimiento.

Esta es una de las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Superior de Catalunya en la querella presentada contra Puigdemont y todo su gobierno por la convocatoria del referéndum del 1-0 y la aprobación de la ley que lo permite. Esta querella ha sido amitida a trámite por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sin embargo, según las primeras informaciones, no ha sido el alto tribunal quien ha ordenado el cierre, sino el juzgado de Barcelona que investiga los preparativos de la consulta a raíz de las palabras del exsenador de ERC y exmagistrado, Santiago Vidal..

Según información públicamente consultable, la página cuenta con un administrador llamado Stuart James radicado en Canterbury (Gran Bretaña).

Órdenes a la Sindicatura Electoral

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha dado este miércoles el primer paso para impedir el 1-O a través de las nuevas armas con las que el Gobierno del PP le dotó para lograr el cumplimiento de sus resoluciones. El pleno ha acordado dar 48 horas a los miembros de la sindicatura electoral de Catalunya para que le informe de cómo ejecuta sus providencias del pasado día 7 que paralizaban el referéndum. Se trata de un requisito imprescindible para proceder a aplicar las multas, suspensión de funciones o inicio de acciones penales, mediante deducciones de testimonio, previstas en el artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para los que desobedezcan..

El alto tribunal ha actuado a instancias de la Abogacía del Estado que entiende que la sindicatura electoral se ha saltado la suspensión del referéndum ya acordada, al designar a sus miembros en las demarcaciones de L'Aran, Girona, Lleida, Barcelona y Tarragona.

Transcurrido el plazo dado para presentar alegaciones -aunque la sindicatura opte por no redactarlas-, el Constitucional decidirá si los titulares de este órgano electoral deben ser multados con cantidades que pueden oscilar entre los 3.000 y los 30.000 euros o procede deducir testimonio contra ellos para que la fiscalía interponga la correspondiente querella por desobediencia y prevaricación.