La Guardia Civil lanzó ayer una operación en Cataluña con el objetivo de cortocircuitar la logística del referéndum ilegal del 1 de octubre. Mejor dicho, fue una macrooperación que dejó un balance de 20 personas investigadas formalmente, de ellas 14 detenidas (tres quedaron en libertad a última hora), 41 registros en sedes oficiales y domicilios particulares y que suscitó muestras de rechazo popular y político.
El grueso de los detenidos son altos cargos del Gobierno catalán a los que se considera piezas clave en la organización del referéndum. La operación iba dirigida a anular los cerebros de la consulta para que, sin ellos, la votación no pueda celebrarse. Entre los arrestados están los encargados de organizar técnicamente el 1-O, el voto de los catalanes en el extranjero, el sistema informático, el pago a los proveedores, etcétera.
COLABORADORES DE JUNQUERAS
Muchos de los detenidos son personal de plena confianza del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Entre ellos están Josep Maria Jové, secretario general de Hisenda (Hacienda) y mano derecha del vicepresidente; LLuís Salvadó, secretario de Hacienda; Xavier Puig Farré, el responsable de la Oficina de Asuntos Exteriores; Joan Manel Gómez, del centro de Seguridad de la Información de Cataluña y responsable del voto electrónico de los catalanes en el extranjero, y Rosa María Rodríguez Curto, la directora de servicios de la empresa T-System, la empresa encargada de proveer el sistema informático a la consulta. A todos se les investiga por prevaricación, malversación y desobediencia.
El operativo comenzó a las ocho de la mañana cuando decenas de guardias civiles entraron en las sedes de cuatro consejerías y de otra media docena instituciones de la Generalitat. Los registros tuvieron lugar en la sedes de Vicepresidencia, Economía, Asuntos Sociales, Exteriores y Gobernación, así como en el Instituto Catalán de Finanzas, el CTTI, la Agencia Tributaria de Cataluña, el Instituto de Estudios de Autogobierno, el Consorcio de Administración Abierta y T-Systems y en tres empresas, además de en despachos y domicilios.
ORDEN JUDICIAL
La actuación de la Guardia Civil fue autorizada por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Suñer. El juez tomó la decisión de realizar los registros sin dar previamente traslado a fiscalía para que informe.
En paralelo, la Guardia Civil también dio otro golpe a la logística del referéndum ilegal al incautase en una nave de Bigues i Riells (Barcelona) de casi 10 millones de papeletas de votación para el 1-O. Según fuentes cercanas a la operación, en ese almacén estaban «casi todas» las papeletas que habían de usarse en la votación de autodeterminación.
En concreto, según informó el Ministerio del Interior, se localizaron 9.894.350 papeletas de votación. Además, en la nave se encontraron además carteles con la leyenda Local electoral, actas de listas numeradas de votantes con la inscripción Referéndum de autodeterminació de Catalunya 2017, actas de sesión de escrutinio y actas de constitución de mesa, entre otros formularios. Todo indica que ahora la labor policial se va a centrar en localizar las urnas.
La incautación de ese material se produjo al día siguiente de que en varias sedes de la empresa Unipost, especialmente en la de Tarrasa, se localizaran 45.000 sobres nominales de miembros de mesas electorales electorales. Se calcula que esos envíos suponen el 80% del total.
El titular del alquiler de la nave de Bigues i Riells, Pau Furriol Fornells, abogado y militante de ERC, fue detenido por la Guardia Civil y estuvo presente en el registro del local. Los agentes del Instituto Armado cargaron todas las papeletas y el resto de material electoral en siete furgonetas. Pero como pasó el martes en Tarrasa, vieron cómo un grupo de manifestantes independentistas se concentraba a la entrada del local y les impedía el paso.
Finalmente, miembros de los Mossos d’Esquadra, tras tres intentos de diálogo e intentando evitar que se reprodujeran los incidentes de Tarrassa, lograron convencer a los manifestantes para que desalojaran y despejaron el paso a las furgonetas, que pudieron abandonar la nave.
